La urna es ya insuficiente

En Occidente hemos dado por sentado durante décadas que las elecciones eran el modo en que una nación averigua qué quiere y hacia dónde quiere ir. Es decir, se vota, se hace el recuento y se acata. El que pierde reconoce y el que gana gobierna sometido al principio de legalidad y la separación de poderes durante el periodo constitucionalmente establecido.

La legitimidad del ejercicio de la función de gobierno desciende así de las urnas hacia las instituciones y nunca al revés.

Aquella liturgia parecía el último consenso de Occidente. Hoy se agrieta, y no solo por donde nos advertían las voces y los manuales del pasado. Por poner unos ejemplos, A. de Tocqueville se centró en el deslizamiento hacia una mediocridad colectiva y la degradación interna, J. F. Revel mencionó los enemigos externos y N. Bobbio los poderes ocultos y los nacionalismos.

Sea como fuere, un síntoma del avance de este proceso es que en muchos casos el resultado ya no se acata, sino que se tutela. Rumanía es el precedente que debería inquietarnos a todos. En diciembre de 2024 su Tribunal Constitucional anuló unas presidenciales con la primera vuelta celebrada y la segunda a dos días vista, alegando una campaña en redes favorecida desde el extranjero, a partir de documentos de los servicios de seguridad.

Meses después se excluyó de la repetición al candidato más votado. Puede que hubiera indicios graves, los jueces dijeron que sí. Pero un régimen donde un tribunal puede deshacer el voto de millones de ciudadanos en vísperas de la segunda vuelta es un régimen donde el pueblo vota mientras otro verifica que haya votado bien.

Lo excepcional ha dejado de serlo, ahora tenemos un precedente. Y esto, claro está, no tiene nada que ver con lo que sucede actualmente en España o Estados Unidos, donde los indicios, o incluso directamente pruebas, de adulteración del proceso y censos electorales parecen más que evidentes y la autoridad judicial, como en el caso del Tribunal Supremo español o la Corte Suprema de Estados Unidos, no tiene más que velar por la transparencia del proceso.

Un segundo síntoma del quebranto es el arbitraje exterior. La Unión Europea nació como una comunidad de reglas con el mercado único como trasfondo y factor de integración, pero se va convirtiendo cada vez más nítidamente en una comunidad de resultados hacia el ámbito ideológico, sin que nos pregunten siquiera a los ciudadanos.

Cuando Viktor Orbán, tras dieciséis años, pierde en el poder, Bruselas habló de un nuevo capítulo. Cuando Lula da Silva ganó, teóricamente, la segunda vuelta el domingo pasado, con la oposición y los propios organismos electorales denunciando obscenas irregularidades, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, proclamó inmediatamente su satisfacción y que la democracia y el multilateralismo habían vencido en Brasil.

Cualquiera debería alcanzar a comprender que felicitar al ganador es costumbre o cortesía diplomática, pero cuando hay serias dudas sobre la limpieza o regularidad del proceso, la diplomacia dicta silencio o al menos contención. De lo contrario, como está sucediendo, podemos inferir que si la democracia vence cuando gana uno, pero no se sabe qué pierde exactamente cuando gana otro, entonces debemos preguntarnos si las elecciones son ya un juicio de los ciudadanos hacia el poder o un examen que aprueban unos candidatos y suspenden otros.

Luego está el fenómeno que el pudor político evita analizar y hasta analizar. Me refiero a la inmigración masiva y reciente, que no sólo está cambiando nuestra demografía como nunca se había visto, sino que nos ha traído bloques electorales cohesionados por la identidad religiosa o comunitaria. El voto que no se dispersa porque a estos nuevos europeos no les interesa el bien común de la comunidad occidental que la ha recibido sino el de la comunidad que ellos conforman.

Está sucediendo, no es una teoría. Gran Bretaña, Bélgica, Estados Unidos, también Canadá y ahora Alemania y Francia ya presentan no pocos casos y ejemplos.

Se vota entonces por pertenencia, no por programa ni alineamiento político o ideológico, y los partidos de todo signo, al final, se ven casi obligados a cortejarles como a ningún otro colectivo porque, efectivamente, votarán como bloque, como se dicte en la mezquita o en el lugar de reunión. Y en muchos casos alcanzar el gobierno ya no será posible sin ellos.

Se discute su peso en Suecia, donde la izquierda se impuso en septiembre por un puñado de escaños, también en Berlín, donde ahora parece que las ramificaciones de Hamás, y por tanto de los ayatolás, están completamente infiltrados; también en no pocas ciudades y Estados de los Estados Unidos. Se discutirá pronto en Francia, en Italia, donde en el último referéndum afloró millón y medio de voto árabe-musulmán que votó de manera compacta, y en España este mes de noviembre. En Gran Bretaña ya parece más que evidente, como en Bélgica.

Y así es como una democracia de ciudadanos individuales se convierte, poco a poco, en una federación de lealtades. El voto deja de ser una opinión, y también una fiscalización del poder, para convertirse en pura adhesión.

Evidentemente, nada de esto prueba, por sí solo, que las elecciones estén amañadas. Lo que prueba es algo más sutil y mucho más grave. Que se ha instalado la idea de que hay resultados admisibles y resultados corregibles. Que existen partidos llamados a gobernar y partidos llamados a ser contenidos, y que el propósito de proteger la democracia justifica casi cualquier medio, incluido el de suspenderla un rato.

Los juristas que hemos estudiado sin la presión de la ideología ni practicamos el gregarismo, conocemos bien esa lógica. Es la del estado de excepción, que siempre se declara para salvar el orden y casi nunca se levanta cuando el peligro pasa.

La legitimidad de un poder no está en su pedigrí ni en su teórica virtud, sino también, y de modo muy especial, en su disposición a ser derrotado. Un sistema que fabrica votantes para evitar la alternancia y tutelar unos intereses, aunque esos nuevos votantes sean feroz amenaza, y que solo alcanza a tolerar la alternancia como paréntesis o cuando el alternante place, en realidad ese sistema no tiene alternancia, sino que tiene tutela.

Y un pueblo tutelado, por más que siga acudiendo a las urnas, ha dejado de ser soberano para ser, como mucho, formalmente consultado o parte de un procedimiento preestablecido.