Dentro de la derecha, entendida esta según Alain de Benoist como la que considera la diversidad del mundo y las desigualdades relativas como un bien y la homogeneización llevada a través a cabo por la ideología igualitaria como un mal, hay muchos frentes abiertos. Uno de ellos es el liberalismo económico. ¿liberalismo económico sí o liberalismo económico no?
Si se pretende unificar a las derechas contra el sistema establecido (y fallido) como ya en su época pedían los tradicionalistas Salvador Minguijón o Vázquez de Mella respecto a los mauristas, no deberían articularse afirmaciones tajantes, como que el liberalismo es pecado o todo lo social es algo de izquierdas. Mi idea es que la respuesta correcta, o quizás solo la útil, es que habría que mirar hacia dos principios conservadores (y católicos). El principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad.
Es lógico pensar que si somos derechistas, es decir, antiigualitarios, debemos considerar un bien por sí mismo la propiedad privada. Que la doctrina tradicional de la Ley Natural diga que es un derecho secundario no significa que sea menos importante, sino que depende de convenciones humanas, pero sigue siendo fundamental para el desarrollo de la civilización.
EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
Se entiende que la propiedad privada está ordenada al bien común y que la autoridad legítima debe protegerla. Aquí es donde entra el principio de subsidiariedad, que indica, como bien señaló Taparelli (arriba, su retrato) y posteriormente Pío XI, que el Estado o la autoridad política no deben intervenir en lo que los cuerpos intermedios (familia, municipio, etc.) pueden realizar por sí mismos con eficacia. Su función debe ser la de ayuda (subsidium) en caso de necesidad, pero nunca la de absorción o sustitución. Por tanto, parece que, si aplicamos este principio correctamente, la dependencia estatal es un mal en sí mismo.
Es decir, aquí tienen razón los liberales: los impuestos son claramente excesivos, al igual que las funciones que desempeña el Estado. Un principio defendido tradicionalmente por la derecha durante el siglo XIX era el del equilibrio presupuestario. Los niveles actuales de déficit y endeudamiento son, sin lugar a dudas, inaceptables.
Como explican Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, la Revolución Industrial y el capitalismo de libre mercado sacaron a muchos europeos (por no decir prácticamente a todos) de la pobreza. Esto no significa que el mercado carezca de límites morales o que no sea necesario proteger al trabajador, pero es innegable que el comercio entre individuos libres genera consecuencias positivas para la sociedad en general. Como explica Martin Rhonheimer, el empresario, sea o no solidario, contribuye al bien común creando empleo y riqueza. La desregulación y el capitalismo pueden ser conservadores, de derechas, siempre que su finalidad sea la prosperidad de la comunidad. Aquí en principio tienen razón los liberales.
Pero, claro, algunos liberales defienden un capitalismo no basado en el ahorro (al contrario que Miguel Anxo Bastos), sino en la inflación y en el crédito. ¿Y eso es culpa del libre mercado? Bueno, como señala el libertario Murray Rothbard, la Reserva Federal no es más que un cártel organizado de banqueros que crean inflación, estafan al público y destruyen los ahorros, en este caso, del estadounidense medio. Esta idea puede aplicarse también al Banco Central Europeo y al euro. Como explica Jesús Huerta de Soto, la reserva fraccionaria (que sostiene el sistema de crédito actual y consiste en depósitos en los que el banco no guarda el 100 % de lo depositado) es un fraude. Es un fraude porque se incumple el contrato de depósito a la vista, que establece que el dinero debe estar disponible en todo momento para el depositante. Para evitar las corridas bancarias, los bancos centrales se financian expandiendo el crédito y generando inflación.
Curiosamente, el proceso inflacionario aumenta primero los precios de los bienes de capital de las industrias más alejadas del consumo final, generalmente cercanas a las élites políticas. En este proceso hay unos pocos ganadores que obtienen beneficios sustanciales y muchos perdedores cuya capacidad adquisitiva se reduce: pequeños ahorradores alejados del poder político. Cuando estalla la burbuja, los más pequeños son condenados al desempleo. Es una cuestión importante de la que no se suele hablar en la derecha.
Entre las posibles soluciones se encuentran recuperar la Glass-Steagall Act de 1933, que separaba las actividades de la banca comercial de las de inversión para proteger a los depositantes; o la iniciativa Vollgeld, votada en Suiza en 2018 (aunque perdió), que proponía que el Banco Nacional Suizo fuese el único con capacidad para crear dinero, ilegalizando de facto la reserva fraccionaria. También existen otras propuestas, como la de Ron Paul y, posteriormente, de diferentes republicanos en Estados Unidos (End the Fed), que busca que los bancos comerciales limiten la cantidad de depósitos prestados. Un capitalismo conservador solo es posible si se eliminan las actividades fraudulentas de la banca, favorecidas por élites políticas y empresariales ansiosas de beneficios.
Otro tema candente es el de las pensiones. No hace falta demostrar aquí que se trata de un sistema quebrado y que, en unos años, los pensionistas no recibirán lo que les corresponde. Es más: es un sistema quebrado desde hace tiempo, ya que el Estado ha modificado unilateralmente las condiciones del contrato, aumentando, por ejemplo, los años para la jubilación. Seguramente, a inicios del siglo XX, el Instituto Nacional de Previsión se basaba en los principios católicos enunciados en Rerum Novarum. Durante el franquismo, la Seguridad Social se creó, entre otras cuestiones, para generar adhesión al régimen.
El problema es que los tiempos cambian y, actualmente, las pensiones han creado tal dependencia que han roto los vínculos familiares. Ahora, el anciano espera su pensión y ya no necesita la ayuda de sus hijos, mientras que los hijos, cotizando cantidades considerables, piensan que la solidaridad ya no les corresponde. Además, las pensiones reducen la natalidad, dado que: si el Estado va a mantenerme, ¿para qué tener hijos que lo hagan? Es decir, las pensiones actualmente provocan más daño que beneficio al bien común. Vuelven al ciudadano independiente de los cuerpos intermedios y egoísta. Sinceramente, no creo que sea insolidario defender una reforma radical del sistema, incluyendo métodos que funcionan como los fondos de capitalización.
EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
Pero ahora entramos en el intervencionismo (que no debería ser siempre opuesto al liberalismo, como Friedrich Hayek demuestra), o mejor dicho, en el principio de solidaridad, que es que en un orden todos debemos contribuir con nuestras posibilidades al bien común. No debería ser polémico afirmar que uno de estos bienes es la propiedad privada, que arraiga. Tener cosas propias es libertad. La propiedad es contraria a la tiranía, por eso los tiranos pretenden que vivamos de alquiler, más dependientes, para que seamos fácilmente controlables y manipulables. Esto lo abordan los liberales desde el lado de la oferta, que está muy claro. Hay que construir más. Ampliar el suelo disponible, aumentar alturas, simplificación administrativa, mano dura contra la okupación.
Pero también se debe abordar desde el lado de la demanda. Cuando millones y millones entran en el país que tanto esfuerzo logró construir, hay un problema. La realidad es que aquí el Estado debe intervenir, ya que, en inmigración hay dos tipos de intervenciones, a favor y en contra, pero en ambas el gobierno actúa. En contra suele implicar respetar los derechos de propiedad de los locales, mientras que a favor implica tolerar la invasión de propiedad ajena.
Si queremos preservar la comunidad política que ha moldeado nuestro ser (y que, entre otras cosas, hace posible que haya liberales argumentando a favor de la desregulación) debemos limitar la adquisición de vivienda por parte del capital extranjero, tanto por arriba como por abajo, para preservar nuestro ethos, cultura y gente.
Otra cuestión en la que es necesaria la intervención es a la hora de entender la globalización. No pretendo decir que el comercio entre naciones sea negativo, pero solo es positivo en condiciones justas. Los tratados actuales de libre comercio solo implican más burocracia y cartelización, como señalaba Murray Rothbard al hablar sobre la NAFTA. En el campo, por ejemplo, implica privilegiar a grandes exportadores a costa de los más pequeños y, en el sistema inflacionario bajo el cual nos encontramos, raramente implica abaratar los precios que se encuentra el ciudadano en el supermercado.
Esto tiene otra faceta que es necesario tocar. Las grandes corporaciones, como señala Hayek, en muchas ocasiones cercanas al poder político, que favorezcan medidas contrarias a la competencia. En muchas ocasiones compañías con agendas propias, como la ideología woke o la inmigración masiva. Dudo que sea lícito, solidario, pensar que puede entrar en un país una multinacional y promover modos de vida contrarios o llenar el país de extraños con la finalidad de pagar bajos salarios. En esta cuestión, si mediante acuerdos comerciales (con el favor de los políticos untados) se causan daños tan graves al bien común, urge limitar estos. No son barreras al comercio, sino barreras a la promoción de valores que dificultan el mercado.
En fin, los liberales suelen acertar en la defensa de la propiedad privada, del mercado con un crédito responsable, en la crítica a los impuestos y en la promoción de las pensiones mediante fondos de capitalización. Ahí puede verse el principio de subsidiariedad. Sin embargo, hay cuestiones en las que, sin duda, tiene razón la derecha social, como la soberanía, la inmigración o la vivienda. Ahí es cuando vemos el principio de solidaridad.
