El alegato económico contra el sector turístico español es fácil de escribir: el sector representa menos de un 14% del PIB, pero crea externalidades horribles infinitas.
En primer lugar, estas externalidades son obvias en los costes inmobiliarios inflados por apartamentos de alquiler estacional y la necesidad de tener zonas enteras llenas de hoteles que solo se usan a pleno rendimiento durante breves periodos del año, y en las molestias enormes y costes adicionales múltiples que generan decenas de millones de viajeros, muchos de ellos de bajo coste y propensos a vomitar por todos lados, entrando y saliendo del país por tierra, mar y aire.
Y esto es solo el principio. El turismo se ha convertido también, como escribe Raymond Torres en el blog de Funcas, en una fuente persistente de inflación, un problema particularmente grave en una economía, como la española, a la que le cuesta horrores lograr algo de crecimiento.
Esto se debe a que los precios relacionados con el turismo no dejan de subir por encima de la media, en cuanto que los productos y servicios relacionados con el turismo – de alojamiento, restauración, viajes y ocio – están en gran demanda por parte de visitantes extranjeros, en su mayoría de países más ricos que España, que pueden pagar más por ellos que los españoles.
Aparte de esto, tenemos un problema particular y poco discutido del sector turístico: el presentado por los costes de oportunidad, es decir, las actividades económicas a las que se renuncia (como la explotación del petróleo canario) para que no perjudiquen al turismo. Este estudio de los economistas de Nada es Gratis concluye que el sector de los cruceros en particular se ha fundamentado en estudios (a menudo financiados por el sector) que han exagerado el impacto económico del turismo de cruceros en los principales destinos españoles con el uso de una metodología inadecuada que no tiene en cuenta sus costes de oportunidad.
Y no podemos olvidarnos de la mayor externalidad de todas las que provoca el turismo: la que distorsiona el mercado laboral, durante décadas orientado a la precarización para que los bares y discos puedan contratar camareros para el verano.
Esto es un problema de enorme seriedad, y que representa el principal fundamento de la consabida consigna de “necesitamos a inmigrantes para que hagan el trabajo que los españoles no quieren hacer”. Cuando en 2012 miembros del gobierno de Mariano Rajoy presionaron para llevar a cabo una reforma laboral profunda, el bloque que se plantó y que ofreció suficiente resistencia a Rajoy para que se echara atrás fue la coalición de patronal y sindicatos: y esta coalición se cimentó sobre el sector turístico.
Desde los tiempos del Felipismo, la tregua social entre la patronal y los sindicatos se basó en la creación de un mercado laboral dual en España: a cambio de no reducir las “protecciones sociales” a los asalariados que forman el núcleo de afiliados sindicales, los sindicatos cedieron con la creación de una dualidad inédita en el mundo civilizado entre contratos indefinidos (alicatados hasta el techo) y temporales (con menos garantías para el trabajador que en ningún lugar) que llevó a la creación de una masa de trabajadores eventuales y “precarios”, una palabra española que ha triunfado en el mundo anglo, que en su gran mayoría se centran en el servicio doméstico, apoyo estacional a grandes empresas, el sector agrícola y el turismo.
La inmigración masiva empezó en los 1990 para rellenar esa bolsa de precarios que es estaba vaciando a medida que los desertores españoles del arao se retiraban y sus hijos aparecían todos con títulos y aspirando a una oposición o un puesto en Telefónica. A lo largo de tres décadas, la economía española se ha adaptado a funcionar sobre la base de estos precarios, siempre dispuestos a doblar el espinazo cuando haga falta, una forma excelente de reducir costes, sobre todo con la justificación de que el modelo “sol y playa” exige altísimos niveles de contratación temporal de todos modos.
El PP, que ha pergeñado todas estas componendas con los sindicatos y patronal durante años, sigue obcecado en proteger el turismo por encima de todas las cosas y en vender motos a los votantes. Hace unas semanas, El País tituló que Madrid apuesta por los turistas que pagan mil euros por noche, y fueron varios los internautas que señalaron que el porcentaje de turistas que pagan 1.000 euros por noche son una pequeña minoría aquí, en Nueva York y Montecarlo.
No hay nada malo en sacarle la pasta a los turistas extranjeros, si de verdad tienen tantas ganas de pasear por la capital en agosto, pero entonces hagámoslo a fondo. En España el centro derecha está secularmente opuesto a los impuestos y tasas turísticos, por la preocupación que puede causar en el pequeño negocio, aunque ciudades como Florencia o París han elevado los impuestos turísticos: y siguen a reventar de turistas como siempre, lo que es malo, aunque ingresan mucho más de estos turistas, lo que es bueno.
Al final, ese tipo de noticia representa un lavado de cara del sector turístico: este verano ha sido el primero de muchos con un ligero descenso de la entrada de visitantes extranjeros. Y hay que convencer a la gente de que el sector no solo es fundamental (lo que no es), sino de que puede hacerse turismo sin generar todas las externalidades que ya he citado, a base de visitantes de lujo que se dejan un pastón y no molestan. Y eso es mentira.
Ningún país del mundo se ha hecho rico dependiendo del turismo. Si uno se fija en los países donde el turismo representa un mayor porcentaje del producto interior bruto en Europa, vemos a países que nadie describiría como potencias económicas – Croacia, Grecia y Portugal – por encima de España, y otros como Chipre, Malta e Italia justo por debajo. En Alemania, Holanda, Austria, etc., el turismo representa menos del 10% del PIB. El sol y playa no es el camino.
