Desde la independencia, en 1821, México vivió sumido en dos guerras casi permanentes: la exterior contra Estados Unidos, que le amputó la mitad de su territorio, y la interior, entre conservadores y liberales, católicos y masones. El que fue el virreinato más próspero y extenso de las Indias españolas se hundió en el caos.
Una vez derrocado el fugaz emperador Agustín de Iturbide, que instauró una monarquía confesional católica, las élites, sobre todo las liberales, se limitaron a copiar las leyes y las novedades constitucionales de Estados Unidos: la estructura federal, el mecanismo de elección de la presidencia, la vicepresidencia, los magistrados vitalicios el Tribunal Supremo, etcétera. Alexis de Tocqueville dejó constancia en su La democracia en América del hecho de que, a pesar de esas imitaciones, México “no puede acostumbrarse al gobierno de la democracia”.
La guerra civil concluyó con la victoria de los liberales, apoyados por Washington. Como todos los liberales surgidos del molde francés, los mexicanos repitieron dos directrices: la expropiación de las tierras comunales y eclesiásticas para comprarlas ellos de saldo y la persecución de los católicos, que se plasmaron en las Leyes de Reforma, promulgadas entre 1855 y 1863.
Una de éstas ordenaba la exclaustración de monjas y frailes, como hicieron en España los exaltados, y que supuso, aparte de un atropello a las personas, la destrucción de un inmenso patrimonio cultural. También se prohibía la realización de ceremonias fuera de los templos y a los sacerdotes que vistieran sotana o traje talar en la calle.
La primera bandera mexicana, enarbolada por el cura Miguel Hidalgo en 1810, era un estandarte con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Pocas décadas más tarde, los republicanos construyeron un Estado anticatólico. A Benito Juárez, que fue devoto masón y presidente (1861-1872), le repugnaba tanto la religiosidad de sus compatriotas que dijo:
“Desearía que el protestantismo se mexicanizara conquistando a los indios; éstos necesitan una religión que les obligue a leer y no les obligue a gastar sus ahorros en cirios para los santos.”
El último intento de los conservadores de instaurar un régimen propio fue el Segundo Imperio (1861-1867), en la persona del archiduque Maximiliano, hermano del emperador Francisco José. Los conservadores contaron con el respaldo de Napoleón III (España, prudentemente, se apartó) y los pueblos nativos. Al concluir su guerra de Secesión (1865), Estados Unidos se volcó en apoyar a los republicanos, que al final vencieron. A Maximiliano y sus generales, Miguel Miramón y Tomás Mejía (éste de familia otomí), se les fusiló en Querétaro el 19 de junio de 1867. A partir de entonces, el laicismo ha gobernado México.
En 1873, las autoridades liberales del estado de Oaxaca, donde había nacido Juárez, expulsaron a los jesuitas, las monjas y los sacerdotes extranjeros. El sucesor de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, más anticatólico aun, llegó a expulsar a 410 hermanas de la Caridad que cuidaban de 15.000 desdichados.
Ante el anuncio de nuevas medidas anticatólicas, los fieles se prepararon para un alzamiento. En 1874, docenas de partidas de campesinos armados, casi todos indígenas, atacaron al Gobierno federal; se les apodó ‘los religioneros’. La campaña se extendió entre 1873 y 1876, y debido a ella cayó la facción exaltada del Gobierno.
UNA CONSTITUCIÓN SOCIALISTA
A finales de 1876, accedió a la presidencia el general Porfirio Díaz, amigo primero y luego enemigo de Juárez y combatiente contra los conservadores y los franceses. Durante su reinado de treinta años (se reelegía en elecciones fraudulentas), la Iglesia recuperó parte de la libertad que había tenido, pero sólo porque Díaz la necesitaba para mantener la paz y porque guardó las Leyes de Reforma en un cajón. El régimen de Díaz, el Porfiriato, concedió permisos para erigir nuevas diócesis y parroquias y abrir seminarios y colegios. Sin embargo, la educación mantuvo su directriz laicista.
En 1911, Díaz cayó y comenzó una serie de guerras civiles y motines que se prolongó hasta finales de los años 30: campesinos contra latifundistas, la ciudad contra el campo, el presidente contra los que querían ser presidentes, los masones contra los católicos, guerrilleros contra soldados… Y, además, las potencias extranjeras, en especial Estados Unidos, comprador del petróleo mexicano.
En febrero de 1917, una asamblea constituyente aprobó la Constitución, que, con variaciones, sigue vigente. En su momento fue la más socialista del mundo, hasta que los bolcheviques hicieron la suya. Ese socialismo no se limitaba a la nacionalización del petróleo y la formación de explotaciones agrícolas colectivas (los ejidos), sino, sobre todo, el control de las mentes por un Estado omnipotente: sólo estaba autorizada la educación pública, la Iglesia quedaba sometida al poder y quien desafiara la revolución acababa en la cárcel, el exilio o el paredón.
Entre 1920 y 1928 gobernaron México los generales Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, del clan de Sonora. Ambos detestaban a la Iglesia. En 1925, Calles puso en marcha una iglesia nacional mexicana, cerró docenas de colegios católicos y varias parroquias, expulsó a sacerdotes extranjeros y llamó a misioneros protestantes. En el campo político, él y Obregón empezaron la unificación de los grupos revolucionarios, que culminó en los años 30 con la fundación del Partido Nacional Revolucionario, luego Partido Revolucionario Institucional (PRI).
EL ALZAMIENTO CRISTERO
El 14 de junio de 1926, se aprobó la Ley Calles, que desarrollaba el artículo 130 de la Constitución (en 1992 se modificó para permitir la libertad religiosa) y limitaba el número de sacerdotes autorizados para dar culto. En respuesta, el episcopado mexicano ordenó la suspensión de las misas, lo que ocurrió el 31 de julio. Los católicos estaban organizándose desde la aprobación de la Constitución para defender su fe y sus derechos como ciudadanos. La Liga Nacional de Defensa Religiosa, fundada en marzo de 1925, comenzó un boicot económico.
El 3 de agosto se dio una batalla en el santuario de la Virgen de Guadalupe cuando se corrió el rumor de que el Gobierno iba a cerrarlo. A lo largo de ese mes, se produjeron las primeras escaramuzas entre los fieles y los uniformados, que prosiguieron en septiembre. El Gobierno revolucionario respondió con tal represión que, a finales de 1927, había en torno a 20.000 cristeros en armas.
Los cristeros eran campesinos, gente en absoluto rica, que sólo había conocido del Gobierno, los militares y los funcionarios revolucionarios insultos, humillaciones, impuestos, requisas y, por último, la persecución de su religión.
Mientras el Ejército federal lo formaban mercenarios, conscriptos, delincuentes y hasta asesores de Estados Unidos, que disponían de ametralladoras, trenes, aviones y cañones, los rebeldes eran todos voluntarios, familias enteras, cuyas principales armas consistían en machetes, viejos fusiles y sus caballos. Su grito de guerra era “¡Viva Cristo Rey!”, por lo que se les conoció como cristeros.
El ejército cristero estaba mandado por líderes populares como los generales Jesús Degollado Guízar y Enrique Gorostieta y el coronel Lauro Rocha. Los brotes armados se dieron de manera espontánea principalmente en el centro y occidente del país (Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán), más Morelos, el Distrito Federal y Oaxaca. Gorostieta, encarnado por Andy García en la película Cristiada, cayó en 1929 en una emboscada de los federales.
La Cristiada tuvo un carácter religioso innegable. El general federal Eulogio Ortiz mandó fusilar a uno de sus soldados por llevar un escapulario al cuello. Al “¡Viva Cristo Rey!” dado por los cristeros en las batallas y escaramuzas, los soldados, respondían “¡Viva Satán!”. Cuando los militares entraban en una población abandonada la víspera por los cristeros, aplicaban represalias, tales como el saqueo, la profanación de templos y objetos de culto, la ejecución de sacerdotes, las concentraciones en campos de trabajo y el bombardeo.
El mártir más conocido fue el niño José Sánchez del Río (1913-1928). Los federales le apresaron en un combate del que no pudo huir por haber dado su caballo al general Luis Guízar. Se le procesó y torturó (le desollaron las plantas de los pies con un cuchillo) por no abjurar de su fe y, al final, se le ejecutó el 10 de febrero de 1928. Benedicto XVI le declaró beato y Francisco I le canonizó.
Otra figura de este panteón de héroes es José de León Toral, que mató a tiros a Obregón en un restaurante de la ciudad de México en julio de 1928, antes de que inaugurase su segundo mandato presidencial.
Esta guerra atrajo el interés de los católicos del resto del mundo. Durante la Segunda República, muchos españoles encontraban similitudes entre el acoso que sufrían y la persecución mexicana. El periodista belga Leon Degrelle viajó al país en 1929, atraído por el martirio de “doce mil” mexicanos y el deseo de “servir” a los suyos, y narró sus peripecias en un libro. El escritor británico Graham Greene describió la guerra en su novela El poder y la gloria (1940), que el director John Ford adaptó en película en 1947, con el título de El fugitivo; Henry Fonda interpretó al sacerdote protagonista.
EL ENGAÑO DE LOS ‘ARREGLOS’
Después de casi tres años de campañas, la guerra resultaba ruinosa y vergonzante para el Gobierno revolucionario: pese a contar con 70.000 soldados no podía vencer a lo que consideraba “una reacción de indios embrutecidos por el clero y sumidos en el fanatismo”, la producción agrícola se había hundido y la economía estaba estancada.
De modo que, en 1929, el nuevo presidente, Emilio Portes Gil, ofreció la paz. Los obispos mexicanos se sentaron muy a gusto en la mesa de negociaciones, en la que también participó, como mediador, el embajador estadounidense Dwight Morrow. Éste insistía al Gobierno y a la prensa de su país para que no hablasen de cristeros sino de bandidos.
En los Arreglos, el Gobierno revolucionario sólo se comprometía a no aplicar la legislación anticatólica, aunque no a derogarla, y a permitir la apertura de iglesias. Sin embargo, los sectores del clero y de los laicos de las ciudades opuestos a los cristeros aceptaron el ofrecimiento, que nunca se habría producido de no ser por la rebelión. Los obispos forzaron a los cristeros, a los que no se había invitado a las negociaciones, a rendirse y desarmarse. En junio de 1927 volvieron a abrirse las iglesias.
Uno de los errores más letales del catolicismo engendrado en el siglo XIX ha consistido en el clericalismo, que supone la entrega por parte de los fieles de asuntos civiles al juicio del clero. Una derivada es la papolatría, creencia según la cual el papa (o un obispo), haga lo que haga, siempre tiene razón y nunca se le puede criticar. ¡Qué necesaria es la reivindicación de Santa Catalina de Siena!
En cuanto los alzados dejaron sus armas, los revolucionarios empezaron a asesinarles. En los años siguientes, murieron unos 1.500, más que en toda la guerra. En 1932, Pío XI condenó en la encíclica Acerba Animi la ruptura de los ‘Arreglos’. Ese mismo año se inició una nueva rebelión, que sumó 7.500 cristeros en 15 estados en 1935. Incluso entonces hubo prelados que los desautorizaron y les culparon de los actos anticlericales cometidos por el gobierno del general Lázaro Cárdenas (1934-1940).
Las partidas sobrevivieron en el norte de Puebla hasta 1938 y en Durango hasta 1941. Federico Vázquez, el último cristero, se rindió en Durango en 1941 y fue asesinado por diez sicarios enviados por el gobernador local, militante del partido que en 1946 pasaría a llamarse PRI. Éste mantendría el poder hasta las elecciones de 2000. Desde entonces, sólo un presidente ha sido del PRI.
Otro tipo de violencia sacude hoy México, la vinculada al narcotráfico. En el sexenio de Andrés López Obrador, formado en el PRI en las técnicas de medrar y comprar votos, aunque luego fundó su propio partido, Morena, se registraron 200.000 homicidios, casi tantas muertes como en la Cristiada. Desde que rompió con España, México no ha conocido la paz, ni la unidad.
