Este artículo es una crítica desde el materialismo político a los argumentos del constitucionalismo progresista o “de izquierdas” en su oposición al secesionismo antiespañol. En su momento, haré una continuación del mismo, criticando el “constitucionalismo de derechas”. En lo sustancial, el constitucionalismo progresista o de “izquierdas” en España, opuesto a lo que simplemente llaman “nacionalismo”, pero que no es sino etnicismo secesionista, defiende que la Constitución Española de 1978 es la garantía de éxito para oponerse a dicho secesionismo y para garantizar la defensa de la igualdad ante la Ley de todos españoles. El momento político español requiere de unidad y de acercamiento entre patriotas contra los que defienden la secesión y la desigualdad, sean de “izquierdas” o de “derechas”. De manera pública, mi mano tendida a todos ellos queda así plasmada. No obstante, la unión, que hace la fuerza, debe cimentarse en argumentos sólidos y coherentes. Por ello, es fundamental la crítica del orden constitucional español y entender bien por qué hemos llegado a esta situación. Es el momento de la unidad y de empuñar armas de combate efectivas. Los contraargumentos que se pueden exponer para criticar las posiciones izquierdistas o progresistas constitucionalistas, las que defienden la Constitución de 1978 como freno al separatismo y como ley que “iguala a todos los españoles”, serían los que siguen:
- Siguen asumiendo el eje izquierda/derecha en sentido político, cuando este ha quedado reducido a un mero eje sociológico. No negamos la importancia y fuerza de lo sociológico, pero incidir en ello para describir la realidad política española existente desde hace décadas no aporta más que confusión al análisis.
- Decir que la “izquierda” en España” está empecinada en una aritmética endiablada a cambio de renunciar a sus principios ideológicos y morales deja ver cierta amable percepción que tiene el constitucionalismo progresista acerca del PSOE, asignándole unos principios ideológicos y morales de los que, desde Suresnes, carece. El PSOE desde 1974 es la más eficiente herramienta de subordinación ideológico-cultural de España a poderes foráneos, además de una agencia de colocación y una engrasada máquina de poder mediático. Por eso, afirmamos que PSOE no significa, desde 1974, Partido Socialista Obrero Español, sino Partido del Sometimiento a la Oligarquía Extranjera que, sea izquierda política o sociológica, es enemigo de la clase obrera española y de la nación política española, (conceptos que, desde nuestro materialismo político, son lo mismo). Todo lo que no sea buscar su destrucción, es no resolver el verdadero problema.
- Hay que dejar de llamar “nacionalistas” a los partidos secesionistas y autodeterministas. Utilizar ese término para criticar al secesionismo es doblemente negativo: por un lado, les concede una “nación” inexistente, ya que la única nación de los separatistas es la nación política española (el Estado-nación), y no Cataluña, País Vasco o Galicia, que nunca ha sido “naciones”, ni étnicas ni políticas, salvo en su imaginación, y por otro lado, asocia el término nacionalista a un carácter “reaccionario”, asociándolo a la derecha sociológica, y regalando la defensa de la idea de nación al enemigo. Yo soy nacionalista político, condición sine qua non para ser un buen internacionalista.
- Estoy en contra de la amnistía. Pero todo lo que no sea ilegalizar a los partidos separatistas y partidarios del mal llamado “derecho de autodeterminación” es alargar la agonía, no ir al fondo del problema ni solucionarlo de raíz. Y dicha ilegalización no la defiende ningún constitucionalista de “izquierdas”. El fundamentalismo democrático del constitucionalismo de “izquierdas” impide tomar esta determinación, que es la única solución definitiva al problema secesionista en España, a la que añadimos la competencia centralizada de la educación y el fin de la cooficialidad de los idiomas regionales, cuestión sobre la que volveremos más adelante. Afirmar que la amnistía es inconstitucional es irrelevante en estos casos, porque todo depende, en realidad, de las mayorías que existan en el Congreso de los Diputados, en el Senado (con el que chocará el Congreso por la mayoría absoluta en aquel del PP, aunque tampoco podría hacer mucho al respecto), y por los votos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por tanto, si por algo se ha caracterizado el Partido del Sometimiento a la Oligarquía Extranjera en su existencia desde 1974, es por convertir en legal y legítimo todo lo que vaya en contra de España y de su clase obrera. Por otra parte, apelar al ser “demócrata” como motivo para repudiar “abiertamente” la amnistía, nos parece irrelevante. También hay demócratas que la apoyan, y aristócratas que están en contra de ella. La democracia es, también, un significante vacío. Apelar a ella, a nuestro juicio, es apelar a un concepto hueco solo para evitar que te llamen “antidemócrata” o “facha”.
- Según el constitucionalismo progresista toda comunidad política es, antes que una vindicación de corte emocional o una identidad uniforme enclaustrada en unas fronteras, una unidad de decisión conjunta y de redistribución. Esto es reducir la nación española al pago de impuestos, tan absurdo como lo que hace Podemos, reducir España a sus hospitales públicos. La nación política española es una sociedad política que, necesariamente, conserva su unidad formal en base a sus límites territoriales, a sus fronteras. Estoy contra el metafísico “derecho de autodeterminación”. Y aquí hay que insistir en esta idea. Pero son precisamente las fronteras de una nación política lo que, en la corteza de la misma, codeterminan a dicha nación con las demás del mundo. Esto significa que la gestión, planificación y redistribución de la riqueza nacional, y la decisión conjunta sobre qué hacer con ella, está delimitada por las fronteras del Estado-nación. Ninguna comunidad o sociedad política es uniforme a nivel cultural. Pero históricamente sí construye una identidad nacional, con las consecuentes emociones que ello conlleva. Por eso, la minusvaloración de las fronteras que realiza el constitucionalismo progresista, de “izquierdas”, es un gravísimo error. Cualquier proyecto nacionalista político o nacional-popular (en términos del marxista italiano Antonio Gramsci), requiere defender las fronteras de España, porque eso es la garantía de no reconocer ningún “derecho de autodeterminación”. Y también porque la garantía del cumplimiento de las leyes de todo Estado está en el mantenimiento de su unidad territorial, cuya corteza son las fronteras con otros Estados tanto en tierra como en mar.
- Al igual que el constitucionalismo de “izquierdas”, yo también defiendo la igualdad de oportunidades laborales de todos los españoles, tanto en la función pública como en la empresa privada. Pero para que esto sea una realidad, hay que defender el fin de la cooficialidad de las lenguas regionales. Primero, porque la cooficialidad es una herramienta de Apartheid blando contra los hispanoparlantes de nacimiento, atacando, de facto, la diversidad cultural española en las regiones en las que se aplica. Segundo, porque homogeniza las lenguas regionales en un único dialéctico que borra la diversidad entre todos ellos y sus diversas variedades. Y tercero, porque el idioma español, como ya hemos recalcado, es una lengua universal que nos hermana con naciones de todo el Planeta, particularmente de América y Asia, y nos acerca, por afinidad lingüística, a las naciones lusoparlantes. Por tanto, la defensa del idioma español es, también, la defensa de la Iberofonía. Y el uso político de la cooficialidad no solo es antiespañol, sino también contrario al proyecto de unificación iberófona. Estoy a favor de la diversidad, pero no de su uso para dividir políticamente no ya solo a los trabajadores españoles, sino a todos los trabajadores de la Civilización Iberófona.
- El compromiso principal de la izquierda constitucionalista no es, según ellos, con los territorios sino con los sujetos y, en especial, con los trabajadores. Estando de acuerdo en la importancia de la clase obrera, la Patria, la nación política española, es fundamentalmente su territorio. En él se encuentran nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio histórico, nuestra relaciones de producción, nuestros medios de producción, nuestras materias primas, etc. Por tanto, es el territorio el lugar donde los trabajadores actúan produciendo la riqueza de la nación. El compromiso con nuestra clase obrera conlleva necesariamente un compromiso con la defensa de nuestra integridad territorial.
- Es cierto que la posición social y económica en España es, sobre todo, hereditaria, muy lejos de las apelaciones meritocráticas de nuestro debate público. Ahora bien, esto es inherente al modo de producción capitalista, en el que la movilidad social no es tan dinámica como el liberalismo afirma. Además, el desarrollo tecnocientífico está dirigido a la producción de capital y de excedente cuyo dominio pertenece a los capitalistas y no a los obreros (el plusvalor). Por eso, la defensa de la unidad de España es fundamental para elevar al proletariado a la condición de clase nacional, fundamento del marxismo y del materialismo político, y que sería la única solución que terminaría con la condición hereditaria de la clase social.
- Es necesario criticar la asimetría fiscal territorial en España, y defender acabar con el concierto económico vasco y navarro. También hay que estar en contra de la condonación de una inexistente deuda a la región catalana, que de haberla es de Cataluña con el resto de España. No obstante, hay que incidir en que la eliminación del cupo vasco-navarro es imposible dentro del marco legal de la Constitución de 1978 bajo la cual el constitucionalismo progresista pretende ampararse. Por otra parte, también estoy en contra de la moda liberal de defender la competencia fiscal inter-autonómica. Hay que defender una economía planificada controlada por los trabajadores españoles. Eso es incompatible con el modelo que defienden el secesionismo y el autodeterminismo.
- Al igual que cierto constitucionalismo de “izquierdas” estoy en contra de la descentralización autonómica, y de su correlato desindustrializador. Ahora bien, es imposible reindustrializar España no ya solo sin la centralización de competencias, sino sin salir del euro y de la Unión Europea que tanto se defiende desde el constitucionalismo progresista. Tres ideas resumen ahora mi ideario político: Soberanía Política, Independencia Económica y Socialismo. Desarrollar este programa es imposible en el IV Reich controlado por una hoy débil Alemania, pero lo suficientemente fuerte como para seguir mandando en Bruselas y en Estrasburgo. Por tanto, todo programa político que no sea abiertamente antieuropeísta está condenado al fracaso si pretende reindustrializar la nación y asegurar la igualdad de oportunidades de todos.
- La competencia fiscal a la baja en Madrid, al contrario de lo que defiende el constitucionalismo progresista, no se da porque el Partido Popular allí sea liberal, sino que el PP es liberal (al igual que los demás partidos del arco parlamentario, pero sin disimularlo) y la competencia fiscal en la Comunidad de Madrid es a la baja debido a la estructura, de facto, confederal autonómica existente. Por tanto, el maniqueísmo sociológico izquierda-derecha, no aclara nada, no es una cuestión de “izquierdas” o “derechas”, sino de la forma de Estado que España adoptó desde la Transición, lo que ha posibilitado las políticas económicas antinacionales, antiobreras y anti-igualitarias que se han desarrollado tanto a nivel nacional como regional. Esto ha generado unas oligarquías regionalistas y secesionistas que, aunque choquen a veces, tienen su existencia garantizada gracias al régimen del ’78.
- El constitucionalismo progresista apela al cumplimiento de la ley y el Estado de derecho como herramienta contra la arbitrariedad de los poderes públicos y económicos y que proteje a quienes no tienen otro patrimonio y poder. Pero estas afirmaciones no tienen en cuenta que es precisamente la Ley y el Estado de derecho español de la Constitución de 1978 lo que nos ha llevado hasta la situación actual, de peligro de fin de la unidad de España. La nación no necesita solo una nueva “izquierda” que trate de recuperar para España algo que jamás ha tenido dentro de la democracia actual de 1978. Hay que apelar a lo nacional y popular, independientemente de si sociológicamente lo nacional-popular se adscribe a las “izquierdas” o a las “derechas”. No hay que construir mayorías sociales y políticas apelando solo a una parte, cada vez más menguante, de la población. Hay que apelar al todo, a la mayoría social y nacional.
Todos los que defendemos la nación política española, la igualdad ante la Ley de todos los españoles y estamos contra el derecho de autodeterminación, hemos de estar abiertos a colaborar en los puntos comunes que tengamos, que son muchos y fundamentales. El futuro de España requiere unidad de acción y de programa frente a amenazas comunes, como son la defensa de la unidad de España contra el secesionismo y contra el “derecho de autodeterminación”. Por ello se requieren de herramientas fuertes y útiles para poder vencer al terrible enemigo que debemos derrotar.
