Cuando los españoles salen de la Península, el plan geopolítico de la reina Isabel es la expansión al otro lado del Estrecho de Gibraltar. Los portugueses habían reconquistado Ceuta en 1415 y los castellanos Gibraltar en 1462 y Melilla en 1497. Después de la muerte de la soberana, el rey Fernando tomó Mazalquivir (1505), el corsario Pedro Navarro se apoderó del peñón de Velez de la Gomera (1508) y el cardenal Cisneros de Orán (1509).
La expansión en las Indias y la herencia borgoñona de los Austrias desviaron las fuerzas españolas a América y Centroeuropa. En los reinados siguientes, África sólo preocupó en tanto en cuanto era la base para los ataques piratas a las costas españolas. La última vez que un monarca ibérico intentó una cruzada en el norte de África, el rey Sebastián de Portugal, acabó en un desastre y en la muerte del caudillo. Incluso se olvidó la torre de Santa Cruz de Mar Pequeña, levantada en 1476 en la zona de Tarfaya, frente a las Canarias.
A la incompetente clase política española del siglo XIX se le planteó la colonización del Sáhara por las circunstancias, no por deseos propios.
En 1879, el escocés Donald MacKenzie, en nombre de la North West African Company y con respaldo del Gobierno británico, estableció una factoría en Tarfaya, después de negociar con los notables del lugar. El jalifa marroquí se quejó de que ese territorio estaba bajo su soberanía, protesta en la que contó con el apoyo del Gobierno español.
La sociedad española empezó a comprender la importancia de la costa africana. Pero las siguientes exploraciones de la costa y el interior del Sáhara fueron de iniciativa privada.
LA COLONIZACIÓN, UNA EMPRESA PRIVADA
La Asociación Española para la Exploración del África y las Pesquerías Canario-Africanas corrieron con la organización y los gastos. Quienes realizaron los primeros contactos con los indígenas fueron el catalán Joaquín Batell, el alemán Oskar Lenz y el andaluz Cristóbal Benítez. En 1881, la sociedad Pesquerías Canario-Africanas logró de la tribu Ulad Delim la cesión de la península de Río de Oro.
El Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil, celebrado en Madrid en 1883, dio origen a la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas, que preconizó el establecimiento de factorías permanentes en la costa saharaui y su protección militar.
La Compañía Mercantil Hispano-Africana relevó a Pesquerías Canario-Africanas en el mantenimiento y construcción de nuevas factorías. La misma compañía envió en octubre de 1884 una expedición mandada por el alférez aragonés Emilio Bonelli Hernando, conocedor de la lengua árabe. El militar estableció casetas en Río de Oro, Angra de Cintra y Cabo Blanco, y luego pactó con la tribu Ulad Bu Sba la cesión del Cabo Blanco. Fundó el primer establecimiento español en la región, Villa Cisneros, situado en la península de Río de Oro, que el ocupante marroquí ha renombrado como Dajla.

Esta expedición permitió a España presentarse en la Conferencia de Berlín (15 de noviembre 1884-26 de febrero de 1885) con argumentos para justificar su reclamación sobre el Sáhara.
El 26 de diciembre de 1884, una real orden, firmada por Alfonso XII, colocó bajo el protectorado de España la costa africana comprendida entre los grados 20 (Cabo Blanco) y 27 (Cabo Bojador) de latitud norte.
La extensión de los territorios saharauis puestos bajo soberanía española hasta 1886 por voluntad de los nativos rondó los 700.000 kilómetros cuadrados, pero la superficie controlada era inferior a 270.000. ¿A qué respondía el rechazo a anexionarse semejante territorio?
Se dan varias explicaciones. Que los Gobiernos españoles creían que ya tenían bastantes problemas con Cuba; que la expansión podía haber causado rencillas con los franceses y marroquíes; que sólo se quería proteger las pesquerías canarias…
En las últimas décadas del siglo XIX las elites españolas se desentendieron de cualquier adquisición territorial, fuese en África o en Oceanía, pese a los derechos que España tuviera. El principal abandonista fue el liberal-progresista y masón Práxedes Mateo Sagasta, presidente del Gobierno entre noviembre de 1885 y julio de 1890, los años cruciales para asentar el dominio del Sáhara.
El profesor Javier Morillas (Sáhara Occidental: desarrollo y subdesarrollo) da otra razón: numerosos políticos españoles tenían intereses en la empresa financiera de capital francés Sociedad General de Crédito Mobiliario Español, que habría sido perjudicada de haber ocupado Madrid las regiones en las que se había asentado la Compañía Mercantil Hispano-Africana.
La Sociedad General de Crédito, fundada en 1856, cubría el endémico déficit presupuestario del Estado español con la compra de deuda pública y la concesión de créditos. En 1902, los accionistas disolvieron la sociedad y constituyeron una nueva: el Banco Español de Crédito, conocido por su marca comercial, Banesto.
DE PROTECTORADO A PROVINCIA
Esa parte del Sáhara carecía de riquezas, salvo la pesca, y había grandes dificultades para poblarlo, que no se debían únicamente a la belicosidad de las tribus. Como Villa Cisneros no tenía fuentes de agua potable, ésta tenía que llevarse en barco. En 1938 se fundó El Aaiún, en la región norteña de Saguía el Hamra, que en 1940 el Gobierno franquista elevó a capital de todo el Sáhara.
El geólogo Manuel Alía Madina descubrió en 1947 los enormes yacimientos de fosfatos de Bu Craá, para cuya explotación el Instituto Nacional de Industria formó la empresa Fos Bucraa en 1968 y construyó una cinta transportadora de más de cien kilómetros de largo hasta la costa.

España y Francia concluyeron su protectorado sobre Marruecos en 1956. Al año siguiente, un grupo armado, el Ejército de Liberación Nacional marroquí, montado por dinastía alauita, atacó tanto Ifni como el norte del Sáhara. Los españoles se fortificaron en la ciudad de Sidi Ifni y, con la ayuda francesa, expulsaron a los guerrilleros del Sáhara. Aparte de la reacción militar, el Gobierno de Madrid tomó la decisión de elevar Ifni y el Sáhara a la condición de provincias, mediante un decreto de enero de 1958.
Había procuradores saharauis en las Cortes y los nativos tenían un DNI especial, con fondo rojo y palabras en árabe. El código provincial de la placa de matrícula de los automóviles consistía en las letras SH.
Pero en 1963 Madrid aceptó en la ONU que se aplicase a la provincia el principio de autodeterminación. Las Naciones Unidas establecieron en 1966 que la descolonización debía realizarse mediante referéndum, porque no se trataba de su reintegración territorial a un Estado preexistente, como es el caso de Gibraltar, declaración conseguida en esos mismos años.
SE DETIENE LA INDEPENDENCIA
El franquismo había fundado en 1967 un consejo de jefes de tribu, llamado Yemáa, con el que mantener relaciones. En febrero de 1973, la Yemáa pidió al jefe del Estado español la concesión de la autonomía. El general Franco respondió mediante una carta remitida en septiembre en el que aceptaba la solicitud y reconocía que la autonomía sería un paso previo a la autodeterminación. De esta carta, existe copia en la ONU.
Hasta 1973, Marruecos, que ya había recibido Tarfaya en 1958 e Ifni en 1969, no criticó esta decisión ni votó en contra. El cambio de opinión se debió a la riqueza del territorio (los fosfatos, la pesca y previsiones de petróleo, que luego no se confirmaron) y a la necesidad de hallar un factor que asentase la monarquía, ya que el rey Hassán II, proclamado en 1961, había sufrido dos intentos de asesinato en 1971 y 1972. Por ello, Rabat reclamó la entrega del territorio y su población, calculada en casi 75.000 nativos.
El estatuto se elaboró en los meses siguientes, con aportaciones del propio Franco, quien dio el visto bueno en mayo de 1974. Madrid envió el proyecto a la Yemáa, que lo aprobó por unanimidad el 4 de julio y lo devolvió al Gobierno para su sanción.
España se comprometía a permitir la autodeterminación de los saharauis y a garantizar la integridad territorial del Sáhara; se reservaba la defensa y la representación internacional. Durante ese período convivirían un gobernador nombrado por Franco y una asamblea elegida por los saharauis.
El proceso descarriló el 9 de julio, cuando Franco sufrió un episodio trombo-flebítico y cedió la jefatura del Estado a su sucesor, el príncipe Juan Carlos de Borbón, hasta septiembre. El dictador marroquí aprovechó la enfermedad de Franco para desatar su campaña y poner a funcionar el lobby que había montado en España, así como a sus amigos en Estados Unidos, Francia y el mundo árabe.
Mientras tanto, los saharauis alucinados por el socialismo fundaron el Frente Polisario y empezaron a cometer atentados contra españoles y compatriotas suyos.
En agosto de 1974, el Gobierno español anunció que celebraría el referéndum de autodeterminación el 31 de mayo de 1975, para lo que elaboraría un censo, medida que anulaba el proyecto de estatuto de autonomía. Argelia, bajo un régimen socialista y aliada de la URSS, lo apoyó, pero Marruecos pidió el 17 de septiembre al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya un dictamen consultivo sobre cuestiones de dominio histórico en el Sahara. La ONU, de manera sorprendente, aceptó la petición y pidió a España que aplazase el referéndum.
El 16 de octubre de 1975, el tribunal dictaminó que Marruecos nunca había tenido soberanía sobre el Sáhara o sus tribus. Sin embargo, Hassán declaró que se le había dado la razón y, con la colaboración de Estados Unidos, convocó una marcha verde para recuperar el territorio. Civiles desarmados (en apariencia) contra militares españoles, un Gobierno aislado y Franco agonizando.
EL VIAJE DE JUAN CARLOS A EL AAIÚN
El 21 de octubre, el presidente de Gobierno, Carlos Arias Navarro, envió a negociar con el sultán a José Solís, ministro-secretario general del Movimiento, el partido único, en vez de a Pedro Cortina, ministro de Asuntos Exteriores, porque éste era partidario de la independencia del Sáhara. Solís, además, administraba las inversiones en España de Hassán. El 25 de octubre, el Boletín Oficial de las Cortes publicó el proyecto de ley de descolonización del Sáhara remitido por el Gobierno.
El príncipe de España, jefe de Estado en funciones desde el 30 de octubre por la última enfermedad de Franco, viajó por sorpresa a El Aaiún el 2 de noviembre. En el casino militar, pronunció una arenga resonante: “Quería daros personalmente la seguridad de que se hará cuanto sea necesario para que nuestro Ejército conserve intacto su prestigio y el honor. España cumplirá sus compromisos y tratará de mantener la paz”.
Era una patraña. Ya se había decidido el abandono.

El 6 de noviembre, los súbditos de Hassán penetraron en territorio saharaui en una zona desminada a posta. Y el 14 de noviembre, unos representantes españoles firmaron con otros marroquíes y mauritanos un conjunto de textos que se han llamado los Acuerdos de Madrid, por los cuales se establecía una “administración tripartita” hasta finales de febrero y se dividía el territorio entre sus dos vecinos.
La ilegalidad de esos acuerdos es tal que la ONU sigue reconociendo a España como potencia administradora; y por ello Marruecos (y Francia) presionan a Madrid para que acepte los planes de anexión más o menos disimulados. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, el partido español más promarroquí, lo hizo en marzo de 2022, sin dar explicaciones a nadie, ni a los ciudadanos, ni a sus ministros, ni al rey Felipe VI, que no parece que se las pidiera.
LA PRIMERA MENTIRA DEL REINADO
La última ley que aprobaron las dóciles Cortes con Franco a punto de expirar fue la Ley 40/1975, de 19 de noviembre. En su artículo único autorizaba al Gobierno a “tomar las medidas que sean precisas para llevar a cabo la descolonización” del Sáhara. El preámbulo contenía una mentira: el Sáhara “nunca ha formado, parte del territorio nacional”. La promulgaba el príncipe Juan Carlos.
El Gobierno español se negaba a honrar su palabra, las Cortes aprobaban una falsedad y los generales no querían combatir a un enemigo inferior. El nuevo régimen empezaba la larga serie de mentiras a los españoles que dura hasta ahora.
A las 18:30 horas del 28 de febrero de 1976, se arrió en Villa Cisneros la última bandera española. Desde entonces, han desaparecido miles más por toda España.