La guerra en Ucrania ha provocado una intensificación de las voluntades bélicas en destacados miembros de la Comisión Europea que a los expertos en análisis geoestratégico les parecen incomprensibles.
Esta falta de comprensión la achaco a que no hacen un análisis de la situación desde el punto de vista de la oportunidad que la psicosis de guerra ofrece a los dirigentes más ambiciosos para transformar a la débil UE en unos muy germanos “Vereinigte Staaten von Europa“ (Estados Unidos de Europa).
El germen de la actual UE, la CECA (Comunidad Económica del Carbón y del Acero) se creó en el año 1952 para evitar otra Segunda Guerra Mundial, un conflicto desencadenado por Estados europeos que finalizada la contienda seguían siendo hostiles.
Optaron por crear una organización económica supranacional sin preocuparse por los enemigos exteriores porque con los interiores tenían suficiente y habían delegado su defensa en la OTAN nacida en el año 1949.
Para diluir la enemistad, además de la integración económica, los fundadores aprobaron como constitución no escrita la “no decisión”, al establecer la unanimidad como procedimiento para que cada país pudiera bloquear cualquier acuerdo en los temas esenciales.
Partiendo de estos elementos vamos analizar cómo el belicismo (no la guerra efectiva) puede convertir una organización económica impotente en una entidad política centralizada con enormes poderes.
La unanimidad es el enemigo real
En la UE los asuntos que exigen unanimidad se centran en las áreas vinculadas a la soberanía nacional como la política exterior y de seguridad común, pero también la fiscalidad.
La permanencia de la unanimidad constituye la prueba indiscutible de una desconfianza que nace de una enemistad latente, pues la reivindicación de los países pequeños y medianos de su derecho a que los acuerdos principales se sigan adoptando de forma unánime se debe a que no creen en la posibilidad de que una mayoría de países pueda gobernar en interés de todos, es decir, también de la minoría.
Aplicar la regla de la mayoría en los temas sustanciales tendría como consecuencia más probable el fin de la organización, pues los miembros que la integran no forman una unidad en el sentido de compartir creencias comunes, como la actual guerra en Ucrania está poniendo de manifiesto.
Ahora bien, la necesaria conformidad de todos para que pueda tomarse una decisión tiene como consecuencia que los opositores deben ser criminalizados antes de que pueda aprobarse nada.
Sólo cuando los disidentes pasan a ser considerados enemigos de la humanidad o amigos del diablo se dan las condiciones para que una decisión que necesita la unanimidad pueda salir adelante.
La unanimidad, por definición, excluye la discrepancia, pues si la hubiese no cabría la posibilidad de la aclamación.
En cambio, cuando la decisión se somete a la regla de la mayoría, el grupo mayoritario no necesita deshumanizar ni suprimir al rival, pues la oposición no es un obstáculo que impida que se apruebe la medida propuesta; mientras que la minoría asume la derrota sabiendo que la pérdida de la votación no supone un riesgo existencial para ella porque su presencia legitima el proceso de toma de decisiones sin impedir que éstas salgan adelante.
En definitiva, la unanimidad nos demuestra la pervivencia de una enemistad interior que hace imposible la constitución de la UE como unidad política soberana frente al exterior, pues cada decisión comunitaria sometida a esta regla es un cuasi tratado internacional entre iguales carentes de confianza. Por eso la UE se parece más a una organización multilateral como la ONU y su Consejo de Seguridad, sometido a la norma de la unanimidad, que a un Estado gobernado por el principio de la mayoría-minoría.
Ante esta realidad, el enigma a resolver por los líderes europeos con voluntad de poder resulta claro: cómo es posible pasar de la inoperancia actual derivada de la unanimidad, a un Estado soberano sin cambiar los Tratados de la Unión, pues la desconfianza política entre los países miembros impide modificarlos.
La solución del enigma es la “revolución legal”, esto es, aprovechar circunstancias excepcionales que justifiquen la neutralización de la legalidad en vigor por la fuerza de los hechos.
Esta “revolución legal” a la europea se pretende consumar en dos fases con la excusa de dos crisis bien distintas. La primera, la pandemia; luego, la invasión rusa de Ucrania.
Para entender la forma en que el “Covid 19” modificó las competencias económicas de la Unión sin tocar los Tratados hay que introducir el concepto jurídico de “superlegalidad”.
“Superlegalidad”, pandemia y centralización económica
El concepto de “superlegalidad” se lo debemos al jurista y sociólogo francés Maurice Hauriou (1856-1929).
La “superlegalidad”, en sentido estricto, es el valor reforzado de ciertas normas que exigen mayorías cualificadas superiores al 51% para modificarse. Por ejemplo, 3/5 o unanimidad.
Pero también cabe entender la “superlegalidad” como las normas que concretan los principios que legitiman a cualquier organización política.
Este segundo concepto de “superlegalidad” en la UE serían los Preámbulos de los Tratados (el de la Unión Europea y el de Funcionamiento de la Unión Europea) donde se declara el compromiso con el “establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia” o la finalidad de “promover el progreso social y económico de sus pueblos”.
Pues bien, la epidemia del “Covid 19” ofreció una ocasión inestimable para un crecimiento de las competencias económicas de la Unión, amparado no tanto en la normativa concreta, sino en la “superlegalidad” de los Preámbulos de los Tratados.
Detengámonos un momento en esto porque es el precedente que nos sirve para entender el inopinado belicismo actual.
A raíz de la pandemia se aprueban los fondos temporales “Next Generation EU” (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, REACT-EU) para impulsar reformas ecológicas y digitales.
El objetivo de los mismos es impulsar la recuperación económica y social pospandemia, transformando Europa hacia un modelo más “verde, digital, resiliente y cohesionado”, lo que significa cambiar el modelo productivo de todos los países miembros.
Pues bien, busquen en los Tratados alguna norma específica que permita a la Comisión Europea o alguna de sus instituciones, reformar el modelo económico de los Estados y endeudarse (los fondos “Next Generation” son deuda) para financiar estos programas.
Me temo que no la encontrarán.
Pero aún hay más. Como consecuencia de estos fondos se hacen necesarios nuevos recursos de la UE para reembolsarlos y para ello crean impuestos propios, como la tasa de 3 € a paquetes pequeños a partir de 2026; que allanan el camino para otros impuestos digitales y medioambientales (está previsto un impuesto al CO2 en 2027).
Es decir, la UE avanza en otra competencia, la política fiscal, que tampoco le concede ningún artículo de los Tratados.
En definitiva, la “superlegalidad” genérica (“promover el progreso social y económico de sus pueblos”) ha servido a la UE, valiéndose de la anomalía de una crisis sanitaria, para endeudarse, transformar el sistema económico de los Estados y poner los cimientos de una política fiscal propia a la ciudadanía europea.
Si al amparo de este fluido concepto de “superlegalidad” ha asumido competencias económicas no previstas de forma expresa en los Tratados, ¿qué le puede impedir a la Unión pasar de un modelo económico “verde y digital” a otro socialista?
De la “superlegalidad” de la pandemia a la “superlegitimidad” de la guerra
Aunque la “superlegalidad” débil constituyó el fundamento jurídico de la centralización económica, este mismo argumento es inservible para lograr la unidad política.
Si como hemos visto más arriba la “superlegalidad” dura supone la sobreprotección de ciertas normas, y si uno de los problemas que impide a la UE avanzar en su unificación política es la sobreprotección que se da a los Estados para que los acuerdos sobre política de seguridad y defensa se adopten de forma unánime, entonces resulta obvio que la “superlegalidad” líquida (principios ideológicos) no sirve para neutralizar la unanimidad porque ésta bloquea los efectos revolucionarios que contienen los Preámbulos de los Tratados.
Si la legalidad no significa otra cosa que asegurarse el “deber de obediencia” (Max Weber, 1864-1920) el problema de la Comisión, tal y como venimos diciendo desde el inicio del artículo, no es otro que poder “obligar a obedecer” a los europeos en materias sensibles contando sólo con la conformidad de una mayoría de países, sin necesidad del consentimiento de todos, como ocurre ahora.
Para conseguirlo la Unión Europea debe anular su propia “superlegalidad” sirviéndose del único método posible: apelar a una “superlegitimidad”, que en este caso es la defensa armada de Europa y sus valores contra la satánica Rusia de Putin.
Los gobernantes de la UE parecen compartir la idea del escritor político francés Julien Freund (1921-1993) cuando afirma en La aventura de lo político que “la verdadera integración se opera militarmente, pues sólo lo militar plantea la cuestión de la vida y la muerte”.
Mientras la “superlegalidad” ofrece argumentos jurídicos (los Preámbulos de los Tratados o la exigencia de unanimidad para modificar determinadas normas) la “superlegitimidad” no los necesita o los desprecia, pues son motivos metapolíticos que amparan el militarismo los que permiten situar a la nuda decisión por encima de cualquier legalidad.
Este concepto de “superlegitimidad”, del que no creo que hayan oído hablar, es lo que está permitiendo a la Unión Europea presumir de ser una organización con gigantescos poderes políticos sin que nadie se los haya concedido.
La “superlegitimidad” de los valores (democracia, derechos humanos…) pone fin a la “superlegalidad” de las normas.
Lo que está ocurriendo en los últimos años respecto a la superación de la ley por la ideología de la integración política estuvo claro desde el principio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
En un artículo publicado en mi blog “El único paraíso es el fiscal”, de 5 de marzo de 2022, titulado “II Guerra Civil Mundial: la Guerra Helada”, lo anticipé.
Dejo aquí unos párrafos como muestra.
“Las sanciones económicas al Estado ruso desencadenan, ipso facto, la criminalización de lo ruso y de los rusos: si vamos a sufrir restricciones y penalidades va a ser por una «justa causa» que va mucho más allá de proteger a Ucrania de Rusia: desembarazarse del Mal, de lo ruso, valga la redundancia”.
“Precisamente por esto, cuando finalice la guerra y alguien se atreva a protestar por el sufrimiento que provoca la prolongación de las sanciones, será considerado un enemigo de los dizque valores europeos, un quinta columnista de Putin”.
“La libre formación de la opinión pública se neutraliza convirtiendo al agresor en no humano, ¿pues quién va atreverse a defender los derechos del calificado como forajido?”.
En suma, la “superlegalidad” que impone la unanimidad descarta la guerra como alternativa al hacer casi imposible el visto bueno de todos.
Sin embargo, la superlegitimidad de autodeclararnos guardianes del Bien contra el Mal nos obliga a la guerra contra el que hemos designado nuestro enemigo, pasando por encima de cualquier derecho o legalidad que estorbe.
Insisto en que esto no es nuevo. El belicismo es el método idóneo para que el Poder se expanda, dado que “la guerra sigue al avance del Poder y todo aumento de Poder sirve a la guerra, pues pone en marcha a los retardatarios para galvanizar el proceso totalitario”, tal y como escribe el diplomático galo Bertrand de Jouvenel (1903-1987) en “Sobre el Poder. Historia natural de su crecimiento”.
El militarismo europeo es una obra de “teatro pánico”
Resulta indudable que en la UE han aparecido voluntades que tienen como objetivo convertirla en un ente estatal con capacidad de imponer “deber de obediencia” a los Estados-Nación y a sus ciudadanos, sin necesidad de obtener la unanimidad de los socios.
Como no se dan las condiciones políticas ni jurídicas para que este proyecto salga adelante, intentan forzarlo a rebufo de la situación favorable de la guerra embarcando a la UE en una batalla teológica donde se reserva el papel del bueno y los que se le opongan (personas o Estados) son los malos.
Así se consuma una “revolución legal” para construir un Estado Federal sin necesidad de seguir los procedimientos formalmente establecidos para ello. Esto es lo que explica su reciente militarismo.
Ahora bien, la Unión Europea no pretende una guerra real contra Rusia porque es consciente de que carece de ejércitos, energía barata, autonomía tecnológica y excedentes de población.
Tampoco existen causas ideológicas ni motivos existenciales que justifiquen una guerra contra el vecino del este. Ni siquiera es una manera de superar el letargo económico.
Es algo mucho más sencillo: con el ánimo belicoso se trata de justificar un exponencial crecimiento de su poder sobre los ciudadanos y frente a los Estados-Nación.
Por eso en la contienda de Ucrania la UE es un actor, en el estricto término de la palabra, porque frente a la realidad de la guerra, Europa se limita a ser el intérprete principal de una representación de “teatro pánico” con el fin de mutar su naturaleza para poder regresar al escenario político del que está excluido desde que terminó la II Guerra Mundial.
Podríamos titular la obra “Mambr-ÚE se fue a la guerra… otra vez”.
La actuación europea trata de provocar terror en los espectadores con una dramaturgia basada en la confusión y la bravuconería para explorar los límites de los ciudadanos y obviar su propia legalidad alegando que la presencia de las armas impone su propia ley.
Viendo el drama no resulta difícil deducir cómo será la nueva organización política que persiguen.
Pero comentarlo será motivo de otro artículo.
Quedémonos con que la situación presente nos enseña una vez más que cualquier forma política, incluso una organización supranacional con fines de integración económica, tiene un instinto natural de incrementar su poder si la coyuntura le es propicia, especialmente si concurren circunstancias bélicas.
Por ello, la imposibilidad de un “proceso” constituyente que lleve a una modificación de los Tratados que declaren los Estados Unidos de Europa, la UE aprovecha la guerra de Ucrania para convertirlo en el “momento” constituyente de un Estado homologable con USA, China o Rusia en sustitución de lo que antes fueron los países de Europa Occidental.
