El debate de investidura del día 26 nos dejó un cruce de palabras entre el líder popular Alberto Núñez Feijoo y el diputado de Sumar Enrique Santiago, que evidenció, de nuevo, el desconocimiento de la mayoría de los políticos españoles sobre nuestra Historia. La discusión se inició cuando Núñez Feijoo afirmó que la primera ministra de la democracia en España fue Soledad Becerril, que ocupó la cartera de Cultura con la UCD en diciembre de 1981, durante la presidencia de Leopoldo Calvo Sotelo. Raudo, Enrique Santiago aprovechó su intervención para «corregir» a Núñez Feijoo y le indicó que la primera ministra de un Gobierno democrático fue Federica Montseny. Pero ¿es esta afirmación correcta desde la perspectiva histórica?
Federica Montseny, miembro de la CNT, formó parte del segundo gobierno de Francisco Largo Caballero entre noviembre de 1936 y mayo de 1937. La novedad de ese mandato residió en que, por primera vez en la Segunda República, hubo participación ministerial de anarquistas: Juan García Oliver ocupó Justicia, Juan Peiró se encargó de Industria, Juan López de Comercio y Federica Montseny fue situada al frente de Sanidad y Asuntos Sociales.
En efecto, Federica Montseny se convirtió en la primera ministra de España. Sin embargo, no fue la primera ministra de un Gobierno democrático. En primer lugar, cabe destacar que la CNT no se presentó a las elecciones de febrero de 1936. Además, el profesor Roberto Villa señala en su artículo Obreros, no votéis. La CNT y el Frente Popular en las elecciones de 1936, publicado en el número 13 de la revista Pasado y Memoria en 2014, que la CNT orquestó una campaña antielectoral para las elecciones generales de febrero de 1936.
Una muestra de esta campaña, lejos de ser una llamada a la abstención, es la editorial que Solidaridad Obrera publicó el 14 de febrero de 1936. Dicha publicación condensaba los mensajes que la CNT-FAI había lanzado tanto en prensa como en sus mítines: “Las elecciones que se avecinan… no resolverán el problema de fondo planteado entre la reacción y la revolución… El obrero que vota es siempre conejillo de Indias de los partidos… No puede ni debe interesarle ni la República del 14 de abril ni la del 19 de noviembre”. No es sorprendente esta postura, pues la CNT era un sindicato revolucionario y, por definición, las organizaciones de ese tipo no se presentan a las elecciones.
De nuevo, los historiadores Roberto Villa García y Manuel Álvarez Tardío en 1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa, 2017) subrayan que el crecimiento de la participación electoral en las elecciones de febrero de 1936 no se puede achacar a la participación del anarquismo en ellas. De hecho, ambos pudieron constatar que también creció el voto a la derecha y que, en provincias como Cádiz y Sevilla, con una notoria presencia anarquistas, los niveles de abstención fueron altos.
Más allá de que Villa y Tardío probaron en la citada obra lo fraudulento de las que fueron las últimas elecciones «democráticas» de la Segunda República, que incluyeron manipulación de actas y falsedades en los escrutinios, ni Montseny ni la CNT formaron parte de la coalición del Frente Popular en ningún momento. Como se ha mencionado, Montseny no ocupó el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales hasta noviembre de 1936. Entonces Montseny, que no era demócrata, pasó a formar parte de un Gobierno de excepción, pues se había organizado durante la guerra y carente de proceso electoral alguno, que tampoco lo era. En ese momento, lo que quedaba del poco democrático Gobierno que salió de las elecciones de febrero de 1936 y de la Segunda República, estaba muy lejos de ser un régimen parlamentario constitucional.
Según cuenta Niceto Alcalá Zamora en sus Memorias (Planeta, 1998), el presidente del Gobierno del que formó parte Federica Montseny y secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero, en su mitin del 1 de octubre de 1936 dijo: “Nuestro partido es ideológicamente, tácticamente, un partido revolucionario […] cree que debe desaparecer este régimen”.
La propia Federica Montseny, durante su periodo como ministra, afirmó la postura de la CNT en diversas ocasiones, muy contraria a la idea de conformar un régimen político que se pareciera a uno liberal y democrático. En su discurso del 3 de enero de 1937 en el Cine Coliseum de Barcelona, Montseny señaló que la inclusión de cenetistas en el Gobierno era para que la revolución no se desviase y poder continuarla más allá de la guerra: «Queríamos de una vez decidir si habíamos de lanzarnos a la conquista total de nuestros ideales o nos situábamos en una colaboración abierta con todas las fuerzas antifascistas, para después impedir que se nos desplazara de la dirección de la Revolución, para después impedir también, con más energía, algo que de un modo inevitable se habría producido igualmente en España al terminar la guerra, si nosotros no hubiéramos estado resueltos, los anarquistas, a proyectarnos en todos los sentidos«.
Así, tras análisis de las fuentes históricas, no se puede afirmar que ni el Gobierno, ni del que formó parte Montseny, ni su presidente, ni la propia Montseny, tuvieran carácter democrático. En efecto, Federica Montseny fue la primera ministra de la Historia de España, pero no fue la primera ministra de un Gobierno democrático.
Tras el encontronazo dialéctico entre Feijoo y Enrique Santiago, diversos políticos salieron a reivindicar la figura de Montseny. Entre ellos estaba Carmen Calvo, diputada del PSOE, que aprovechó las palabras del líder popular para reivindicar, vía Twitter, la necesidad de mantener la Memoria Democrática. No obstante, Calvo no contó con que Federica Montseny participó de forma activa en uno de los episodios más graves de represión civil que se dio en la zona republicana bajo la guerra: las sacas y los fusilamientos en Paracuellos del Jarama.
El profesor de Historia de la Universidad de Edimburgo, Julius Ruiz, en su obra El Terror Rojo (Espasa, 2012), narra la intervención de la cenetista en dicho episodio. Julius Ruiz señala, en primer lugar, que Montseny fue, junto al ministro de Justicia Juan García Oliver y los miembros del PSOE Margarita Nelken, el ministro de Estado Julio Álvarez del Vayo y el ministro de Gobernación Ángel Galarza, una de las que más clamó para aplastar la Quinta Columna. Durante la reunión de un comité catalán de la CNT-FAI el 22 de octubre de 1936 en Barcelona expresó «Que en Madrid hay doce mil fascistas detenidos [sic] se les conserva en vida seguramente, para que cuando cambien las cosas poderlos soltar, y sumarse a sus HERMANOS«.
Con el traslado del Gobierno de la República a Valencia el 6 de noviembre, se dejó la dirección y la defensa de la capital en manos de una Junta de Defensa presidida por el general José Miaja. Como consejero de Orden Público se nombró al joven líder de unas Juventudes Socialistas Unificadas, Santiago Carrillo, que estaban totalmente bolchevizadas, al igual que una gran parte de la CNT. Esta Consejería sería la encargada en ese momento del control civil y de las cárceles de Madrid. Entonces, valiéndose de los ficheros de la población carcelaria, atestada de personas consideradas desafectas del Frente Popular que el Gobierno había dejado en la ciudad, se aceleraron las sacas de presos de las cárceles Modelo, Ventas, San Antón y Porlier, practicadas desde mediados de septiembre.
Así, desde el día 7, se sacó de forma masiva a presos políticos, con órdenes de traslado firmadas por Segundo Serrano Poncela, lugarteniente de Carrillo y delegado de Orden Público, pero dispuestas de forma previa por Galarza. Después, los reos eran desplazados en autobuses de dos plantas de la Sociedad Madrileña de Tranvías hacia Paracuellos del Jarama, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Boadilla del Monte, donde eran ejecutados de forma sumaria. Según las cifras que aporta Ángel David Martín Rubio en Paz, piedad, perdón y verdad. Estudio definitivo de la represión en las dos zonas de la Guerra Civil (Fénix, 1997), entre septiembre y diciembre de 1936, las autoridades del Frente Popular habían ejecutado en Madrid a, al menos, 3.008 personas.
Las sacas se habían frenado el día 9 con el nombramiento de Melchor Rodríguez como inspector general del Cuerpo de Prisiones de Madrid. Rodríguez dio la orden de acabar de forma inmediata con las sacas, algo que no gustó al Consejo de Investigación de la DGS ni a su compañero cenetista Manuel Rascón, miembro del Comité Provincial de Investigación Pública, uno de los principales órganos de control y de represión civil de Madrid durante la Guerra Civil. Este informó que Melchor Rodríguez “ponía muchas dificultades a todo lo que ellos querían hacer” e informó a sus superiores de la CNT-FAI.
En este momento, el ministro de Justicia, Juan García Oliver, y la ministra de Sanidad, Federica Montseny, llegaron a Madrid el día 12 de noviembre. De su presencia en la capital también se hace eco Jesús F. Salgado en Amor Nuño y la CNT (Fundación Anselmo Lorenzo, 2014). Salgado sitúa a García Oliver y a Montseny los días 12 y 13 en las reuniones de la Junta de Defensa de Madrid. Tras estas reuniones, el ministro de Justicia reprendió a Melchor Rodríguez por dar órdenes sin su aprobación, despidiéndole por telegrama el 14 de noviembre por excederse de sus funciones.
La presencia de García Oliver y Montseny supuso, siguiendo las tesis de Julius Ruiz, el fin de la tregua en las sacas de las prisiones y demostró la participación activa de los ministros en Paracuellos. Incluso, se aprovechó esa pausa para poner orden en los fusilamientos, diciendo que habían de sufrirlos todos «los militares con graduación superior a capitán», «todos los falangistas» y «todos los hombres que hubieran tenido actividades políticas derechistas».
Las matanzas se reanudaron el día 18 de noviembre y continuaron hasta el día 30, cuando Melchor Rodríguez fue restablecido en su puesto y pudo detener las sacas. Sin embargo, estos episodios, en los que estuvo implicada Montseny, quedan fuera de la Memoria Histórica que reivindicaron el pasado 26 de septiembre políticos como Carmen Calvo. Para ellos, la importancia de las víctimas de crímenes depende de quien se encargase de ejecutarlos. A la par, las reivindicaciones que hacen carecen de verdad histórica, tanto en la falacia de que Montseny fue ministra en democracia como en la de que es un personaje que carece de implicaciones en la represión en retaguardia en la Guerra Civil.
