En España llevamos casi 50 años de votaciones ininterrumpidas, desde el referéndum para la Ley de la Reforma Política, en diciembre de 1976, y algunos tontos siguen convencidos de que la parte más importante de las elecciones consiste en el recuento. Son, claro, los eternos perdedores. La verdad es que antes de que comience la campaña, ya se han producido varios acontecimientos que pueden determinar la victoria de un partido o un candidato.
Uno de ellos es la elaboración del censo electoral, que en España el PSOE está manipulando por medio del regalo de la nacionalidad a cientos de miles de supuestos nietos de exiliado o emigrantes económicos. En este preñado de urnas fue maestro el lamentable Manuel Fraga al inventarse en Argentina y Brasil la ‘diáspora’ gallega, que siempre vota a favor de quien le concede subsidios y becas. Aquí nos encargamos de quiénes votan.
Otro es la ley electoral: un solo candidato por distrito, al estilo británico, o una lista, por lo general bloqueada, como en España; a una vuelta o a doble vuelta, que en Francia sirve para excluir al partido RN); proporcional o mayoritario; los partidos que pueden participar; la identificación de los electores; el voto electrónico, por correo o presencial; el tipo de papeleta; etc. Dicho en tres palabras: cómo se vota.
El tamaño y los componentes del distrito también son esenciales: cuántos electores y de qué tipo (renta, religión, etnia, economía…). En Estados Unidos, donde en noviembre se celebrarán las elecciones de mitad de mandato, en las que se renueva la Cámara de Representantes por completo y un tercio del Senado, éste es el debate que ha sucedido a la exigencia de un carné con fotografía para sufragar, una petición de los republicanos a la que se oponen con fiereza los demócratas, pues la consideran ni más ni menos que “racista”. El proyecto de ley SAVE que introduciría ese documento está parado en la cámara alta del Congreso, ya que a los republicanos les faltan siete senadores para superar el bloqueo planteado por los demócratas.
LÍNEAS EN EL MAPA
Estados Unidos es un país de líneas rectas, creadas por el hombre, no por la naturaleza. No hay más que ver los bordes de numerosos estados: o siguen fronteras naturales como el curso de ríos, como el Misisipí, el Ohio y el Rojo, y alguna cordillera, o líneas trazadas con regla. Una de las más conocidas, fundamental en la historia del país, es la línea Mason-Dixon, tirada en el siglo XVIII, entre Pensilvania y Maryland, en la costa este, y se considera una separación cultural entre el Norte y el Sur. La traza de muchas ciudades la forman rectas perfectas, como la isla de Manhattan que hemos visto en tantas películas.
Ahora hay una batalla política por otras líneas, las que diseñan los distritos para la elección de los miembros de la Cámara de Representantes. Se están moviendo desde el año pasado como las líneas de los frentes en una guerra por fortuna incruenta, en la que la victoria consiste en la mayoría de la cámara baja del Congreso. En vez de obuses de artillería sobre trincheras, se trata de votos en urnas.
Forman la Cámara 435 diputados, número fijo desde 1913, más seis delegados con voz pero sin voto, entre los que se encuentra el representante de la capital Washington DC, a la que los progres sueñan con convertir en estado, aunque existe una prohibición expresa en la Constitución. Todo estado tiene atribuidos un representante y dos senadores. Restados esos 50 diputados, los demás, 385, se distribuyen según el censo nacional que se realiza cada diez años y suele conocerse en los años que acaban en cero. Seis estados tienen uno solo y California 52. En la actualidad, los republicanos gozan de una pequeña mayoría de 218 frente a 212 demócratas, con cinco vacantes.
Cada estado reparte sus diputados federales como cree conveniente, pero para evitar el ‘gerrymandering’ (circunscripciones creadas para favorecer al partido que controla la Asamblea local) se han ido amontonando leyes federales, jurisprudencia y procedimientos en las constituciones estatales.
Una de esas leyes federales es la Voting Rights Act, aprobada en 1965, cuando los demócratas pasaron de apalear a los negros en el sur mientras sus correligionarios en el norte movían la cabeza, a sobornarlos para convertirlos en votantes (y muchos de ellos cogieron el dinero, la papeleta y el uniforme para Vietnam). Según esta ley, los estados del sur tienen la obligación de garantizar la representatividad de los votantes negros con distritos en los que éstos sean mayoría. Fuera del sur, se usa para dibujar distritos de mayoría hispana.
El Tribunal Supremo, por fin con una mayoría conservadora sin complejos gracias a los tres nombramientos que hizo Trump en su primer mandato y a la dirección del juez Clarence Thomas (al que su condición de negro no le protege de los ataques de los progresistas), acaba de dictar una sentencia, Louisiana v. Callais, sobre el diseño de un distrito electoral de mayoría negra en Luisiana en la que afirma que elaborar distritos basados en la raza… ¡es racista! Además, ha ordenado su aplicación inmediata, por lo que los rediseños estarán en vigor para las elecciones de noviembre.
Varios estados estaban modificando ya desde 2025 los límites de sus distritos sin esperar el nuevo censo, con el objetivo de primar al partido principal. Ha sucedido en Texas, Florida, California (donde los demócratas suspendieron una comisión independiente establecida en la constitución), Misuri y Carolina del Norte. La sentencia del Supremo va a acelerar estos debates.
Pocos días después de publicarse, la Asamblea de Tennesse, donde la candidatura de Trump recibió el 64% del voto y la de Harris sólo ganó en tres condados, dividió la ciudad de Memphis entre tres distritos, con lo que suprimió el anterior distrito, de mayoría negra y que, como ocurría con los creados al amparo de la Voting Rights Act, ganaban siempre los demócratas. Se han anunciado nuevas reuniones de asambleas estales en el sur, como la de Alabama. Así, el GOP podría hacerse con unos 10 escaños adicionales.
Aunque los demócratas están triunfando en casi todas las elecciones parciales celebradas en los últimos meses, acaban de sufrir otro revolcón que quizás acorte su victoria. En Virginia montaron un referéndum, en el que invirtieron 64 millones de dólares (40 millones los desembolsó una asociación vinculada con el diputado demócrata Hakeem Jeffries) para aprobar un nuevo mapa, por el que podían apropiarse de 10 de los 11 escaños a la Cámara que corresponden al estado. Los republicanos pasarían de 5 a 1 solo. En las presidenciales, Harris se llevó este estado, habitado en su franja norte por los empleados privilegiados de la capital, por menos de cinco puntos de ventaja.
El tribunal supremo virginiano anuló el mapa porque la Asamblea lo había aprobado fuera de los plazos fijados por la Constitución estatal, cuando ya había comenzadoel período de votación anticipada para las elecciones legislativas.
El enfado es de tal magnitud que el partido de los plutócratas está mostrando su peor cara. Un sector ha propuesto la imposición de un límite de edad a los magistrados del supremo, para forzar el retiro de la mayoría y llenar las vacantes, de manera apresurada, con juristas adictos que deroguen la sentencia. ¡Los mismos que acusaban a Trump de comportarse como un rey!
El partido demócrata, sus activistas asalariados y los periodistas progres están presionando a las asambleas de Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Colorado, Oregón, Illinois y Maryland para que redibujen los distritos cuanto antes, a fin de quitar diputados a los republicanos.
De esta manera, la división en el país, que es innegable desde hace casi veinte años, puede agravarse. Quienes sean minoría en los estados mencionados en los párrafos anteriores pueden quedar sin representantes en el Congreso nacional, aunque sumen en torno al 45% de los votantes. Una grieta en la estabilidad política y la legitimidad del sistema.
LA DEMOGRAFÍA BENEFICIA A LOS REPUBLICANOS
La sentencia Louisiana v. Callais supone un golpe para los demócratas. Otro lo será el censo de 2030, que, según se anticipa, moverá escaños y, por tanto, votos en el colegio electoral que elige al presidente, a los estados rojos (republicanos) en perjuicio de los azules (demócratas).
Texas y Florida, más estados pequeños, como Idaho y Utah, ganarían población a costa de California, Illinois y Nueva York, de donde huyen miles de personas debido a la fiscalidad, la legislación intervencionista y la inseguridad. Otro factor que divide a esos estados es su actitud sobre el aborto: los rojos lo han restringido y promueven la vida gracias a otra sentencia del Supremo trumpista, y los azules aprueban el aborto hasta de fetos de ocho y nueve meses.
Más población en más estados, más diputados y distritos sin primas a los votantes demócratas. En consecuencia, para un republicano sería más fácil vencer en las presidenciales y controlar el Parlamento. A no ser que los demócratas consigan hacerse con la mayoría en el Congreso y aprobar una ley federal para restituir los distritos raciales.
Aunque el partido de los progressives y los clientes de Jeffrey Epstein perdió en noviembre de 2024 la presidencia y el Congreso y Trump le puso a la defensiva desde el primer día con docenas de decretos que han desmontado su máquina de corrupción y adoctrinamiento (retirada de la OMS y del Acuerdo del Clima, supresión de la agencia USAID, combate contra la inmigración ilegal, eliminación de las docenas de ‘géneros’), los demócratas están rumiando su venganza. Cuentan a su favor con activistas y abogados incansables, el dinero de los plutócratas y los errores del presidente, como la guerra contra Irán. La nueva derecha en Estados Unidos no se limita a quejarse de que su enemiga izquierdista esté alterando el censo o suprimiendo las garantías al voto por correo. Constatado que los progresistas están jugando sucio, los patriotas se arremangan y juegan más sucio aún. Una lección para los españoles conservadores.
