La izquierda es maestra en la propaganda. Y sabe que las mentiras, cuanto más grandes son, más fácilmente se aceptan y se protegen de los hechos que las refutan. Por ello ponía en circulación eslóganes como los 400.000 abortos clandestinos cometidos en España; el millón de personas que esperaba la aprobación del divorcio; la promesa de creación por el PSOE de 800.000 empleos; los 114.000 cuerpos abandonados en cunetas; la construcción de 184.000 viviendas asequibles; las 440.000 víctimas de abusos sexuales por sacerdotes y religiosos; España, segundo país en fosas comunes tras Camboya… Todos esos números son falsos, inventados en reuniones para elaborar un relato y, también, justificar una lluvia de dinero público.
No hubo 300.000 bebés robados por monjas y médicos. Ni 30.000. Como tampoco fueron 30.000 los desaparecidos argentinos, por cierto.
Los restos mortales de aquellos recién nacidos que pudieron identificarse estaban enterrados donde los hospitales y registros señalaban y el ADN correspondía a sus madres. Se dijo hace años; hubo comparecencias en las Cortes y en varios Parlamentos regionales; las fiscalías investigaron y no encontraron más que algunos casos de adopción irregular.
El embuste ha seguido arrastrándose, hasta ahora, en que la prensa oficial del régimen, representada por El País, la SER y TVE, le ha cortado la cabeza. Quizás porque su tamaño lo hacía insostenible, o quizás porque se está preparando otra igual de retorcida y se necesita recuperar la capa de credibilidad.
EL JUEZ NOVELISTA
Una siniestra organización dedicada a despojar a mujeres de izquierdas o a perdidas de la vida de sus hijos recién nacidos mediante la excusa de la muerte del bebé para entregárselos a familias de orden, a fin de eternizar el franquismo. ¡Menuda película de terror!
Todo comenzó con un auto judicial dictado en noviembre de 2008 por Baltasar Garzón, entonces juez instructor en la Audiencia Nacional, en el que extinguía la responsabilidad penal del general Franco y de otros militares y políticos en la guerra, pero ordenaba a diversos juzgados la investigación de la sustracción de niños que se daban en adopción. Las fuentes eran dos libros de un discreto profesor universitario catalán, que, cuando se publicaron, no llamaron la atención de nadie, ni de los supuestos afectados.
Lo importante es que Garzón encontraba un supuesto delito, el de desaparición forzada, que no está amnistiado por la ley de 1977 (aprobada por las Cortes que elaboraron la Constitución y a petición de los socialistas y los comunistas) y creaba una figura pavorosa: “los niños perdidos del franquismo”, cuyo número se calculaba en unos 30.000, a partir de los libros que cita en su auto. El jurista creía que ésta podía ser la vía para montar un juicio de Nuremberg a Franco, aunque éste compareciera sólo en espíritu. Y de ahí, al Nobel de la Paz y tal vez al Gobierno.
En la España anterior a X y YouTube, lo que decía El País se convertía en papel legal, sobre todo cuando gobernaba el PP. El ministro de Justicia de Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, ordenó a las fiscalías investigar las denuncias que se presentasen.
La memoria de la Fiscalía General del Estado de 2012 concluyó que no existía ninguna red organizada y expuso que la cobertura informativa (por parte de medios de izquierdas y de presunta derecha, como el ABC y El Mundo) estaba provocando episodios de ansiedad en mujeres que habían tenido la desgracia de que se les muriera un hijo en el parto y se les infundía la sospecha de que se lo habían robado y seguía vivo.
En los años siguientes, la cifra de 30.000 se hinchó hasta alcanzar los 300.000 niños robados. La Plataforma de Niños Robados, ligada a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, aseguraron en 2011 que la identidad real y biológica de un millón de españoles podría estar falseada debido al robo “sistemático” de recién nacidos entre las décadas de los 40 a los 90 del siglo XX.
El País designó a dos redactores, Jesús Duva y Natalia Junquera, para cubrir el asunto. En mayo de 2011 abrieron un buzón electrónico para denuncias con este texto: “¿Crees que eres un bebé robado o conoces algún caso? Envíanos un correo electrónico”. A pesar de las entrevistas a madres que aseguraban haber sido engañadas para renunciar a sus hijos y a algunos adultos que decían ser esos niños, la trama seguía sin aparecer y las tumbas que podían abrirse contenían los restos de esos neonatos.
Mientras, el honor de una monja y un médico ancianos fue arrastrado por el fango.
EL ADN ESTROPEA EL RELATO
En febrero de 2014, la doctora Gloria Vallejo de Torres, declaró en el Senado como directora del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, que se habían analizado 44 restos óseos provenientes de 48 exhumaciones, y en las muestras de ADN viables la coincidencia entre el del niño y sus padres era total. Pasmo entre los senadores socialistas y sus compañeros de viaje.
El médico forense Francisco Etxebarría y el genetista forense Antonio Alonso, que participaron en numerosos procesos de identificación de restos de niños, afirmaron que no descubrieron indicios de bebés robados, lo que les acarreó insultos de las asociaciones de supuestas víctimas.
Carmen de Troya, directora de la Oficina de atención a las víctimas de casos de bebés robados, abierta en 2013 por orden de Ruiz Gallardón, dijo en una entrevista muy poco citada (20-XI-2014): “Llegué a leer que había 300.000 desaparecidos. Si fuera cierto, aquí habría cola. Muchos llegan intentando encajar sus casos en lo que han visto en la tele, y a lo mejor a su hijo no se lo robaron y no hubo irregularidades, pero los hijos prefieren pensar que les han robado a pensar que les han abandonado”.
A pesar de las pruebas, la farsa debía proseguir. Puede que no sirviera para montar una causa general al franquismo, pero sí para elevar un peldaño más la superioridad moral de la izquierda y, de paso, hacer dinero.
Cada uno de los miembros del duopolio televisivo, Atresmedia y Mediaset, filmó una miniserie sobre los niños robados, emitida una 2012 y otra en 2013. Un escritor, columnista en El País y tertuliano en la SER, publicó en la editorial Alfaguara, propiedad del mismo grupo de comunicación, una novela sobre el asunto.
Uno de los diputados de izquierdas que se sumó a la repugnante campaña fue Gabriel Rufián (¡no hay manera de que deje Madrid y vuelva a Cataluña!), quien pronunció estas palabras en el Congreso: “Un cura y una monja daban a elegir entre un niño o niña. Durante sesenta años, hasta inicios de los 90, hubo más robos que adopciones. Una red entre hospitales, Iglesia, instituciones franquistas…”.
Las leyes de memoria democrática, tanto la nacional, como varias autonómicas, crearon esos niños robados que los juzgados no descubrían y calificaron como “víctimas del franquismo” a sus madres. En Cataluña, se mantiene el fraude con una ley específica sobre la desaparición forzada de menores.
La prensa extranjera recogió los chismes sobre la supuesta trama. A falta de nazis alemanes, buenos son los franquistas españoles. Otra ocasión para presentar una España negra y siniestra, una anormalidad en la Europa feliz y democrática.
LA IMPUNIDAD DE LOS MENTIROSOS
Al redactor Manuel Ansede, que ya había entrevistado al doctor Alonso en 2018, le ha correspondido poner el punto final a la patraña, con motivo de la publicación en una revista científica de un informe redactado por éste y otros cuatro investigadores más del Instituto Nacional de Toxicología.
Su artículo (El País, 23-III-2026) se titula: “Sin rastro forense de los «bebés robados»”. Y su primer párrafo contiene esta frase: “Los cinco investigadores del INTCF destacan que sus datos cuestionan «la narrativa generalizada de un robo sistemático» en los hospitales y rechazan «la conjetura convertida en bulo de los 300.000 casos de bebés robados en España»”.
A partir de ahí (de manera nada casual, en mi opinión), a Antonio Alonso se le entrevistó en la SER y en TVE para repetir lo que había dicho antes, aunque no con tanta audiencia.
Ansede también reprocha a los “medios reputados (BBC, Time, Le Monde, The Guardian, Der Spiegel)” que publicaran la cifra de 300.000, sin darse cuenta de que “implicaría robar 27 criaturas cada día durante tres décadas”. En esa lista falta su periódico, donde Duva y Junquera publicaban relatos de terror.
Es verdad que Junquera y Duva nunca escribieron que hubiera habido 300.000 niños robados, pero sí que éstos existían y que eran miles, aunque ni una sentencia corroboró sus novelerías. Daban pábulo a los aprovechados y los farsantes, entrevistaban a los angustiados, difamaban a los muertos y soplaban las brasas del odio. Ahora su empresa trata de recular. Pero semejante abyección no puede olvidarse y tampoco a sus autores.
Desde que en el siglo XIX España se hundió en la decadencia, uno de los factores que la diferencian para mal de sus vecinos europeos es la ausencia de castigo, o siquiera de reproche social, a quienes causan desastres y mienten. No pensemos sólo en Pedro Sánchez; recordemos a los responsables de las últimas catástrofes que han matado a cientos de personas: el apagón completo, la ‘dana’ del Levante, el descarrilamiento de tren en Adamuz, el hundimiento de una pasarela sin mantenimiento en Santander… Esa anormalidad es prácticamente una regla en la política, el periodismo y la universidad españoles.
En la misma SER, Iñaki Gabilondo y Ana Terradillos arrojaron sobre una España conmocionada por los atentados del 11-M el bulo de que “tres fuentes de la lucha antiterrorista” les habían informado de la existencia de terroristas suicidas entre los cadáveres de las víctimas. Ninguno de los dos ha revelado la identidad de esos manipuladores (en el caso de que existieran), pero ambos han recibido premios, han seguido dirigiendo programas y han ganado mucho dinero.
El iniciador de esta ola de histerismo y de envilecimiento, Baltasar Garzón, ha recorrido las televisiones controladas por sus correligionarios izquierdistas, para pronunciar sus dictámenes de juez expulsado de la carrera por prevaricación, siempre en defensa del gobierno socialista. Como recompensa por sus campañas, acaba de nombrársele presidente de la comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la dictadura, también llamada en corto comisión de la verdad. El PSOE pone a un mentiroso y, a la vez, condenado a buscar la verdad histórica y a crear un relato.
En El País continúa escribiendo Junquera sobre memoria histórica y contra “la desinformación”, “la polarización” y “la ultraderecha”, cuando ella forma en la primera línea de la escuadra de los fabricantes de fake news. Y, además, sin haberse disculpado con sus lectores y con aquellos cuyos sentimientos manipuló.
El alejamiento de la vida pública de quienes la envenenan sería uno de los pasos imprescindibles para la regeneración nacional.
Hoy, los verdaderos bebés robados son los arrebatados a sus madres o padres por los servicios sociales con excusas peregrinas para introducirlos en el sistema de acogida pública, donde muchos de ellos acaban violados, prostituidos o dados en adopción. No en el franquismo, sino en el Régimen del 78.
