Hace ya unos años que la mayoría del electorado europeo ha entendido que ni el centroizquierda ni el centroderecha van a frenar la inmigración ilegal, y que el gran empresariado y el sector turístico se refocilan con el aumento de oferta de mano barata procedente de donde sea.
Es por ello que ya hace unos años se ha puesto sobre la mesa la idea de remigración, el concepto de enviar a todos esos ilegales, junto con todos los legalizados que acepten un incentivo a cambio, de vuelta a sus países de origen. Ya hace dos años analicé este fenómeno entonces incipiente en Escandinavia.
Hay que entender, sin embargo, que la remigración tiene un punto débil fatal, que es atacado sin tregua por los globalistas pro-inmigración y puede ser el talón de Aquiles de todo el proceso: la remigración reduce el producto interior bruto (PIB).
Para entender cómo funciona esto, piensen que el PIB es uno de los grandes trucos del siglo XX, un concepto artificial creado por el emigrante ruso (legal) a EEUU Simon Kuznets en la década de 1930, que suma la producción de bienes y servicios, restando cualesquiera déficits comerciales netos, para establecer el valor monetario de lo que un país produce de forma anual.
Cualquiera que haya vivido unas elecciones sabe que en campaña electoral del PIB se habla mucho: si la economía ha crecido un 2% o un 1,5%, si crecemos una décima de punto más rápido que la media europea, si este trimestre la expansión fue del 0,2% o del 0,3% porque hubo más festivos o por lo que sea. Bajo este prisma, esta podría ser una crítica globalista a la remigración: que pudiese reducir el PIB.
Ahora mismo, en España hay un 15% de ciudadanos extranjeros censados, siete millones de personas, con una edad media de 37 años de edad, significativamente inferior a la de los nativos españoles, de 45 años. Si España lograra la remigración, digamos, de un millón de estos residentes extranjeros, incluso aunque sean de los más mayores y de los menos productivos (los marroquíes en España, por ejemplo, tienen una tasa de paro del 22%, el doble de la media nacional) se van ir seguro más de 100.000 empleados cuya contribución laboral, por pequeña que sea, va a ser restada del PIB.
Éste es un problema que se encontró Corea del Sur hace años, aún sin inmigración masiva. Cuando la sociedad coreana empezó a envejecer a finales de los 1990, la economía empezó a contraerse con frecuencia, meramente como resultado de que el número de trabajadores se reducía, sin hablar del efecto creado por el envejecimiento de la población y el aumento correlativo de gastos sanitarios y en pensiones. Por ello, Corea del Sur llevó a cabo numerosas reformas para liberalizar la economía y aumentar la productividad, y recuperó una senda de crecimiento, no tan espectacular como podría serlo con una fertilidad mejor, pero aún respetable. La renta per cápita (el PIB dividido entre la población existente) de Corea del Sur se ha cuadruplicado desde 1990, mientras que la de España apenas se ha duplicado en el periodo.
El ejemplo de Corea –y, de forma más negativa, el de Japón, que hizo mucho menos reformas y ha sufrido un estancamiento prolongad – muestra la necesidad de liberalizar la economía para impulsar la productividad, un tema sobre el que la derecha patriótica europea habla menos de lo que debería: primero, porque el crecimiento económico es bueno para todos, sin ambages; y segundo, porque en ausencia de tales reformas la remigración fracasará en cuanto la economía empiece a notar efectos negativos y los medios globalistas los pongan en el centro del debate.
Sobre las reformas específicas que hay que abordar, créanme que no hay escasez de ideas. Por ejemplo, en este artículo Pieter Garicano observa que Europa en general tiene enormes problemas de competitividad relacionados con numerosos tiros en el pie de los que hablamos con frecuencia –altos costes de energía debidos al ecologismo suicida y la geopolítica imprudente, precios de vivienda descontrolados, excesivos impuestos y una casta política con cero interés en reformas económica – pero al mismo tiempo hay que considerar que California, el estado económicamente más dinámico de EEUU, tiene exactamente los mismo problemas.
De hecho, los gobiernos europeos gastan más per cápita en investigación y desarrollo que el de EEUU, y solo hay siete compañías en todo el mundo que gasten más en investigación que una empresa alemana con muy poca fama de innovadora: Volkswagen. ¿Cuál es el problema entonces? Les traduzco lo que indica Garicano:
“Lo que realmente distingue a Europa de estados como California es otra cosa. En relación con los ingresos, a las grandes empresas les cuesta cuatro veces más despedir a trabajadores alemanes y franceses que a estadounidenses, una diferencia que se debe exclusivamente a los distintos enfoques regulatorios. Como resultado, los despidos prácticamente nunca ocurren: los estadounidenses tienen diez veces más probabilidades de ser despedidos que los alemanes en un año cualquiera. En este sentido, la economía europea difiere enormemente de la estadounidense. Según los estándares estadounidenses, una empresa europea debe tener una confianza excepcional en que querrá a un empleado durante mucho tiempo antes de contratarlo”.
Fíjense que Garicano está hablando de Alemania, un país que tiene un sistema laboral más flexible que el de España, en parte porque hablar de España sería extremo en un contexto europeo: como numerosos economistas y el propio Banco Central Europeo han señalado cada cierto tiempo, España tiene el peor sistema laboral del mundo desarrollado. No el segundo peor: el peor.
Los enormes costes del despido español, a pesar de los ajustes que se hicieron en la era de Mariano Rajoy, son un problema para la creación de empleo: si despedir es caro, las empresas han de pagar menos a los empleados para compensar los costes laborales o en su lugar (como hacen con frecuencia) optar por no contratar a nadie a menos que haya una necesidad absoluta e insoslayable.
Lo que es aún peor, hay un tercer efecto más importante. Si el despido es caro, las empresas evitan crear puestos de trabajo que posteriormente podrían tener suprimir, lo que afecta desproporcionadamente al sector tecnológico. La innovación implica experimentación y riesgo, por lo que los empleos en sectores innovadores de la economía tienen más probabilidades de suprimirse que los de otros sectores. Los elevados costes de indemnización por despido generan un incentivo fundamental para que las empresas europeas eviten áreas innovadoras y se centren en sectores seguros y estables: ya saben, banca, construcción, transporte, turismo.
No podemos seguir llenándonos la boca con planes de innovación y desarrollo y anuncios grandiosos de inversiones sin que esto se resuelva. Reducir los costes al despido para favorecer la contratación es clave, y debería ser solo el primer paso en una serie de reformas que supriman barreras a la expansión de negocios (competitividad) y acaben con los guetos protegidos por mafias sectoriales (los colegios profesionales).
Si esto no se hace, no solo afrontamos más y más décadas de empobrecimiento generalizado. En ausencia de un mayor dinamismo económico, veremos como cualquier intento de remigración es rápidamente derrotado con la simple excusa de que es malo para el PIB.
