¿Existe relación entre delincuencia y política más allá de la corrupción de los políticos?
La respuesta es sí. Se trata de un nexo menos evidente que el latrocinio: la politización de la delincuencia como estrategia partidista para provocar el enfrentamiento civil.
Para desarrollar la idea vamos analizar el lema «okupa y resiste», difundido de forma masiva por diferentes líderes para blanquear, a través del discurso político, delitos comunes.
Las ruedas de prensa de Herri Batasuna después de los asesinatos de ETA eran un buen ejemplo de lo anterior.
Resulta obvio que siguen existiendo partidos de ámbito nacional que hacen política defendiendo ilícitos penales. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo que utilizan para hacerlo?
Por qué «okupa»
El término «ocupación» no es una palabra que esté incluida en el Código Penal.
Sin embargo, la «okupación» con k, en cuanto consiste en la acción de entrar en un inmueble que no pertenece al invasor con la intención de adquirir la posesión sin consentimiento del propietario es un delito, bien de usurpación bien de allanamiento de morada, según la vivienda sea el lugar donde pernocta el dueño, o no.
Por tanto, la «okupación» es un acto violento contra bienes jurídicos dignos de protección. En el caso de la usurpación, el patrimonio de las personas; y en el supuesto del allanamiento de morada, la intimidad y el derecho al uso de la vivienda por parte del dueño de la misma.
Pues bien, lo primero que hace el político que quiere utilizar el delito en su beneficio es blanquearlo cambiándole el nombre.
Así, la usurpación o el allanamiento de morada son designados mediante un concepto no delictual, ocupación, al objeto de eliminar el estigma que lleva asociado cualquier delito.
Además, cambian su grafía (la c por la k) eliminando su neutralidad denotativa. De esa forma aportan al término el elemento ideológico necesario para apropiarse políticamente de los merodeadores que buscan un sitio donde vivir.
Recomiendo un artículo del historiador Juan Francisco Fuentes titulado «Usos ideológicos de la letra K en la España contemporánea: sobre el cambiante significado de un símbolo», para entender la utilización con fines subversivos de la referida letra.
En definitiva, gracias a la politización de una ilegalidad, el que asalta una vivienda ajena se convierte en héroe «robolucionario».
Ahora bien, el cambio léxico no es suficiente para que el político alcance su objetivo.
La víctima, un problema para blanquear el delito
La legitimación del delito tiene siempre un obstáculo: la víctima.
Por eso, la apología de la ilegalidad necesita de cierto romanticismo para tener éxito. El saboteador clásico que nos ofrece el cine debe actuar no por interés propio, sino por el bien común, ya sea el cambio de régimen o la defensa de la patria frente al invasor.
La «okupación» no iba a escapar de esta dificultad, pues sin altruismo las posibilidades de obtener rédito político del delito merman de forma sustancial.
El que invade una vivienda que no es suya no tiene otro interés que el propio, y este confronta con el del propietario, que es la víctima que sufre la violencia del «okupa».
No hay un bien superior en el delincuente, pues su interés es tan privado como el del dueño del inmueble.
El que entra en una casa sin permiso no es un partisano que lucha por el bien de la humanidad. Sólo es una persona que busca satisfacer sus fines particulares usando la fuerza contra el patrimonio de los demás. En definitiva, un maleante como otro cualquiera.
Por mucho que sus defensores aleguen la «función social» de la propiedad o el derecho a la vivienda consagrado en la Constitución, una «okupación» siempre termina con el abandono voluntario de la finca por parte del delincuente o con las Fuerzas de Seguridad del Estado lanzándole para devolver el inmueble a su legítimo propietario, pues éste es el titular del mejor derecho.
Para concluir, digamos que en la relación «okupa»-propietario no hay otra cosa que intereses personales involucrados (el derecho a la vivienda versus el derecho a la propiedad) y una víctima del delito que impide dar lustre político a la ilegalidad.
La politización viene en auxilio del delincuente
A pesar de lo expuesto, hay partidos que se empeñan en otorgar la condición de «justa causa» a la «okupación», concediendo legitimidad al malhechor.
¿Cuál es el método por el que logran hacer desaparecer a la víctima hasta conseguir blanquear al delincuente?
Les basta con barbarizar la vida social extendiendo el odio contra determinados derechos para justificar la violación de esos derechos.
En un estado social donde el valor dominante es la igualdad resulta fácil lograrlo, pues para envilecer al pueblo no se necesita más que identificar al titular del derecho que se quiera eliminar como enemigo de la igualdad, y criminalizarlo después.
Odiar al propietario asociándolo con la desigualdad es la condición necesaria y suficiente para lavar las culpas del usurpador.
Cuando el igualitarismo es la madre de todas las ideologías esta dialéctica prende como la yesca, porque el pueblo hace tiempo aceptó perder su libertad, pero lo hizo con la condición de que la perdiésemos todos, tal y como nos explicó Tocqueville en La democracia en América. Es decir, la mera sospecha de desigualdad justifica a los ojos del pueblo cualquier acción política que la neutralice, por abusiva que sea.
Por eso, cuanta más igualdad haya, más igualdad se exige. O lo que es igual, si todos no tienen acceso a una vivienda es razonable que una parte de la clase política ponga en duda que los propietarios tengan derecho a ser protegidos.
Esta es la mentalidad que crea el caldo de cultivo para que la política tenga éxito amparando la delincuencia que invade inmuebles de extraños o que realiza un enganche ilegal a la red eléctrica.
Ama al delito y patrimonializa al delincuente
Hemos analizado la relación horizontal propietario-«okupa». Nos queda tratar sobre el vínculo jerárquico entre el delincuente y el político.
Para entenderlo vamos a centrarnos en el segundo término de la consigna «okupa y resiste».
¿Por qué resistir?
Los defensores de la usurpación saben que entrar en una vivienda sin la venia del dueño no es legal, pero ellos lo consideran legítimo.
Ahora bien, para demostrar la justicia de la causa necesitan la pátina política que sólo la confrontación concede, aunque esa oposición sea ilícita.
Por tanto, los que jalean a los «okupas» para que resistan son conscientes que estos actúan con riesgo por la comisión del delito, pero sobre todo por la persistencia del mismo («resiste»).
Aun así, les importa un bledo porque necesitan sostener la intensidad del antagonismo para convertir un tema meramente securitario (el control de la delincuencia) en hecho político que justifique su intervención.
Declaran enemigo o criminal al propietario y luchan contra él por medio de testaferros a los que ensalzan considerándoles «okupas», jamás forajidos, aunque violen el domicilio de ancianas o jubilados.
Ahora bien, el que grita «okupa y resiste» desde un micrófono, viviendo en un chalé, representa el nivel más bajo de la política, esto es, el que manda a la batalla a los suyos mientras se regodea en el confort de su abundancia.
Frente al pícaro clandestino que pone en peligro su libertad al cometer un delito y perseverar en él, el político que desde su casa en un barrio residencial le alienta a delinquir alcanza el grado más alto de la ignominia.
La persona que allana o usurpa un piso es un delincuente común que, por múltiples circunstancias, puede encontrarse en una situación precaria, pero no se arroga el derecho político a declarar al propietario su enemigo hasta resistirle y vencerle.
Por estas razones, Concepción Arenal recomendaba odiar el delito y compadecer al delincuente.
Sin embargo, los políticos guerracivilistas hacen todo lo contrario: aman el delito para patrimonializar al delincuente.
El conflicto civil como oportunidad revolucionaria
Llegados hasta aquí, podemos decir que lo insoportable de las relaciones entre delincuencia y política no reside tanto en la corrupción personal de los dirigentes del Estado, como en el hecho de que una falange política pretenda blanquear delitos para promocionar una contienda civil.
En estas condiciones, la politización del delito para transmutarlo en ideología tiene la virtualidad de convertir la lucha política en una guerra declarada por los maleantes a cualquiera que se oponga a ellos, incluida la policía, neutralizada por la dizque “justa causa” de los delincuentes.
Las supuestamente equitativas motivaciones que representa el asaltante y que el político de turno se encarga de resaltar, convierten en mera anécdota cualquier daño que provoque. Sus víctimas son insustanciales (sea el propietario de un piso o los vecinos que ven degradados sus barrios) porque la teórica superioridad de sus reivindicaciones está por encima de cualquier otra consideración.
Los agitadores del «okupa y resiste» son profesionales del desorden que, fracasado su intento de hacer del socialismo una praxis salvífica, entienden que el conflicto civil por la vía de metamorfosear el delito en lucha de clases, debe sustituir a las crisis económicas como oportunidad revolucionaria.
El que aún crea que la «okupación» es una razonable forma de oponerse a los facinerosos «fondos buitre» o la SAREB, debe entender que la consigna que hemos analizado no hace distingos entre propietarios buenos y malos, pues frente a éstos el único bueno es el delincuente.
De esta forma, la iusta causa del «okupa» y la eliminación del propietario que impide su triunfo vienen a ser una misma cosa.
En realidad, el objetivo de politizar los delitos contra los inmuebles nunca fue acabar con la propiedad (de hechos los líderes políticos suelen gastar excelentes fincas y los «okupas» pretenden acceder a ellas) sino liquidar al enemigo, es decir, a ustedes.
